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Máximo frenó un proyecto de Palazzo para gravar altos patrimonios

Lo habían presentado diputados cercanos al bancario y otros sindicalistas. Continúa trabajando su propuesta con Carlos Heller que se conocerá la semana próxima.

En un Congreso vacío, con guardias mínimas y la mayoría de los diputados en sus casas, la presentación de un proyecto de ley mediante la firma digital generó un inesperado cortocircuito en el oficialismo.

Por la tarde de este martes ingresó al sistema una iniciativa que gravaba los altos patrimonios muy similar al que Máximo Kirchner parara con Carlos Heller. Lo curioso es que lo presentó un compañero suyo, el tucumano Carlos Cisneros, del sindicato de bancarios que lidera Sergio Palazzo, quien el viernes tuvo un dure cruce con Alberto Fernández por negarse a abrir los Bancos durante la cuarentena y, según la visión de la Casa Rosada, provocar que jubilados y beneficiarios de planes sociales se agolparan frente a las entidades financieras. “Nosotros no pusimos 3 millones de personas en la calle”, se defendió este lunes.

La iniciativa de su diputado consistía en crear un impuesto del 1.25% sobre los bienes que superen los 10 millones de pesos registrados en el país y de 1.75% en el exterior. Proponía además un impuesto del 10% de su declaración jurada a quienes tengan una rentabilidad superior a 50 millones de pesos. El destino de la recaudación era material sanitario, pero no para ser controlado sólo por Ginés González García: planteaba que debía coparticiparse con las provincias y estas a su vez con los municipios.

“Se intenta contribuir a la situación de gravedad extraordinaria determinada por el COVID19, estableciendo un impuesto excepcional a quienes tienen mayor capacidad contributiva. Se pide un esfuerzo mayor a quienes están en condiciones. Regla básica de solidaridad”, señalaban los fundamentos. 

Lo firmaban otros diputados de frente de Todos provenientes de organizaciones sindicales como Walter Correa (Curtidores), Vanesa Siley (Judiciales), Claudia Ormachea (Bancarios), Patricia Mounier (Docentes Privados), Carlos Cisneros (Bancarios), María Rosa Martínez (militante de la Corriente Federal de Trabajadores), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Carro (CTA Córdoba) y Carlos Ponce (Químicos). Facundo Moyano nunca adhirió pero lo sumaron sin avisarle. 

Máximo también pedirá limitar ganancias de supermercados y gravar a los ricos

El proyecto tuvo un rápido respaldo de la corriente federal de trabajadores, el brazo kirchnerista de la CGT liderado por Palazzo, a través de un comunicado cargado de elogios a Alberto Fernández. Pero no alcanzó para convencer a Máximo. “Los diputados sindicales decidimos retirarlo y trabajar para que haya uno solo del bloque”, confirmaron voceros de Siley a LPO. 

El jefe de bloque presentaría el suyo junto a Heller después de semana santa y no consideró conveniente medirse con sus pares en plena pandemia. Contendría gravámenes a quienes entraron en el blanqueo, un límite a las ganancias de los supermercados y un impuesto a los legisladores con patrimonios mayores a 20 millones -el doble que lo que pedían los sindicalistas-, que podría extenderse a cualquier ciudadano con esa riqueza. Lo están estudiando.

Heller tiró este lunes algunas definiciones en sus entrevistas radiales. “Para establecer un criterio general, suponemos que estamos hablando de un universo de alrededor de un 1 por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros. En ese universo incluimos a los fondos transparentados a través del último blanqueo”, anticipó.

Hay otro diputado del oficialismo que presentó su proyecto sobre el tema: Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien ya se diferenció cuando junto a su compañera del PCR no votaron la ley para facilitar la negociación de la deuda externa. 

Propone aplicar un impuesto por única vez a las grandes riquezas por encima de los 10 mil millones de pesos argentinos que posean personas físicas y jurídicas que residan en el país. Partiría de 1% y llegaría 5% para las que posean hasta 50 mil millones de patrimonio. Está listo para tratarse. 

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