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CORRUPCION

Fabio Biancalani y Lázaro Báez, procesados por evasión agravada en el Chaco

El juez federal subrogante Enrique Bosch procesó sin prisión preventiva al exsenador justicialista del Chaco Fabio Biancalani, al empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, y a otras tres personas vinculadas a la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani por presunta evasión agravada mediante el uso de “facturas truchas”. Además, a la mayoría de ellos se les trabaron embargos por 52 millones de pesos lo que se acerca al monto que habrían evadido entre IVA y Ganancias.

La resolución, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, consta de 58 fojas y fue dictada a fines de septiembre pasado pero hasta ahora no había tenido difusión pública. La investigación se inició a partir de una inspección realizada por la Administración Federal de Impuestos (AFIP).

Los cargos

Biancalani, Lázaro Báez, Claudio Bustos y Julio Mendoza (estos últimos directivos de Sucesión de Adelmo Biancalani, empresa manejada por Austral Construcciones de Báez) fueron procesados como coautores por tres hechos de “evasión agravada por el uso de documentos apócrifos” y “evasión agravada por el monto”, en concurso real. Además, a cada uno se les trabaron embargos por un monto de 52 millones de pesos.

Entre Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias a los cuatro se les atribuye la evasión de casi 52 millones de pesos, lo que se aproxima al monto embargado.

En tanto, Jorge Chueco, otro de las administradores judiciales de la empresa, fue procesado por un hecho de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos y embargado por un monto de 3.300.000 pesos. Por último, a Leandro Báez, hijo del dueño de Austral Construcciones, se le dictó la falta de mérito.

“Maniobras ardidosas”

En sus fundamentos, el juez Bosch señaló que “(…) se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, el despliegue de supuestas maniobras ardidosas por parte de los responsables de la Sucesión de Adelmo Biancalani, para inducir a error en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al incluir en sus DDJJ datos falsos respecto de la composición de su patrimonio y determinación del impuesto, el cual fuera sustentado en documentación falsa”.

En ese contexto, consideró que “(…) se encuentra patente la voluntariedad de ocultación de su real giro comercial mediante el despliegue de maniobras ardidosas que evidencian una clara voluntad de evadir el pago del impuesto”. Agregó que “(…) se ha podido constatar la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.

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