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Ramos Padilla defendió su pliego como juez electoral de la provincia y Cambiemos lo ignoró

El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien cobró fama el año pasado por investigar una red de espionaje ilegal y procesar al fiscal Carlos Stornelli, defendió este mediodía en la Comisión de Acuerdos del Senado su pliego para mudarse al juzgado 1 de La Plata.

Se trata de uno de los más poderosos del país porque tiene la misión de controlar el desarrollo de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón, pero como los comicios locales del territorio bonaerense se realizan en forma simultánea también pasan el filtro de esa oficina. 

Se encuentra vacante desde 2014 por el fallecimiento del histórico Humberto Manuel Blanco, fue ocupada por diferentes subrogantes y recién en 2018 se realizó un concurso que definir su sucesor y lo ganó Ramos Padilla. Mauricio Macri lo ignoró, pero Alberto Fernández envió el pliego hace un mes.  

De resultar aprobado, en 2021 sería el encargado de controlar los comicios legislativos más relevantes de la cita electoral, motivo de una feroz interna en el Gobierno porque los gobernadores no quieren que haya primarias y sólo se vote en octubre, pero Máximo Kirchner se resiste a cambiar el cronograma. 

Aunque la figura de Ramos Padilla animó la última campaña electoral, ningún senador de Cambiemos cuestionó su pliego, que de todos modos no corre riesgo porque el Frente de Todos cuenta con mayoría suficiente para imponerse en comisión y en el recinto. “Tuvo a su cargo causas que han sido difíciles. Estamos muy conformes y nuestro bloque va a acompañar”, anunció el jefe del oficialismo José Mayans. 

El silencio de los cambiemistas no vaticina un respaldo pero sí poca voluntad de enredarse en las causas judiciales instruidas por el juez que le valieron varias impugnaciones, de las que se defendió durante su exposición. 

Fuentes de esa bancada explicaron a LPO que no era fácil confrontarlo, porque ganó el concurso para ocupar la vacante y este año el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de juicio político. “No teníamos motivos reales para oponernos”, confesaron.

Cristina apura el pliego de Ramos Padilla como juez electoral de la provincia

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, presidente de la Comisión de Acuerdos, dejó el pliego de Ramos Padilla para el final de la reunión con la expectativa que se abriera un largo debate que nunca llegó. 

El juez inició su exposición con una ironía: remarcó que concursó para un cargo de igual jerarquía al que ejerce, en clara alusión a la polémica por los traslados realizados durante el Gobierno de Mauricio Macri impugnados en el consejo de la Magistratura, que obligó a una intervención de la Corte Suprema. 

“Considero esencial que el magistrado que quiera cambiar de funciones lo haga por concurso. Que se meta con sus pares en una competencia”, desafió el por ahora juez de Dolores. 

Una de las impugnaciones que recibió fue por una supuesta participación en la causa por la adopción de los hijos de la fundadora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la que aclaró que no tuvo intervención y sólo  acompañó a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María “Chicha” Mariani.

Otra fue por un presunto freno de la causa por emisión y comercialización de facturas truchas del mediático Juan Suris, ex novio de la vedette Mónica Farro y de supuestos vínculos con la política, instruida en el juzgado de Bahía Blanca. 

Recibí críticas y elogios por haberme animado a investigar el espionaje ilegal. Es necesario que los jueces no sean oportunistas. Que no piensen en función de las conveniencias y del momento.  

“Estuve 6 meses en ese juzgado, que no es tiempo para hablar de una demora. La investigación penal tuvo 4 años y determinó que hubo avances”, se defendió. Destacó, además, un fallo suyo contra los aumentos de tarifas de gas durante el Gobierno de Macri, porque “no podía ser un bien suntuoso”. 

Pero su presentación se basó en su carrera como abogado en causas sobre lesa humanidad ni bien se recibió en la facultad de Derecho de la UBA, donde fue un activo militante de la corriente radical Franja Morada y tuvo cargos como consejero académico. 

 Destacó su trabajo en los “juicios por la verdad” realizados contra represores de la última dictadura en los juzgados de La Plata que pronto podría ocupar. Mencionó su participación del primer juicio oral y público contra Miguel Etchecolatz y en la que investiga robo de bebés, cuando logró que Jorge Rafael Videla cumpliera la condena a prisión. 

Hizo referencia a las primeras causas contra civiles por su complicidad con la última dictadura militar y a la búsqueda de identidad de los ex combatientes de Malvinas fallecidos con tumbas de NN es las islas, que derivó en un pedido de la entonces presidenta Cristina Kirchner a la Cruz Roja.

Anabel Fernández Sagasti.

La causa sobre espionaje ilegal que instruyó Ramos Padilla se inició en el verano de 2019 con una denuncia del productor rural Pedro Etchebest, quien grabó una extorsión del abogado Marcelo D’Alessio en nombre del fiscal Stornelli. 

D’Alessio fue detenido y Stornelli, protagonista de la mayoría de las causas sobre corrupción contra Cristina y sus ex funcionarios, resultó procesado y faltó a nuevo pedidos de indagatorias. Recién fue al despacho de Dolores cuando Macri perdió elección presidencial, pero aún sostiene su cargo porque el procurador interino Eduardo Casal frenó los pedidos de jury. 

“Recibí muchas críticas y muchos elogios por haberme animado a esa investigación. Fui denunciado y el los jueces (Luis) Rodríguez y (Marcelo) Martínez de Giorgi archivaron las causas. Se hicieron una gran cantidad de planteos y nulidades y no prosperaron. Y en la Magistratura los planteos fueron rechazados después de una instrucción que llevó adelante (el diputado del PRO Pablo) Tonelli. Se dijo que no hubo ninguna irregularidad, mal desempeño ni delito que pueda serme reprochado”. 

“Un juez debe resolver según sus convicciones. Y es necesario que no sean oportunistas, que no piensen en función de las conveniencias y del momento. Con esas enseñanzas y esa vocación ejercí como juez”, sostuvo Ramos Padilla.  

Las únicas preguntas las hizo el oficiaista Mario País para corroborar que aceptara la ley que lo obliga a pagar el impuesto a las ganancias a los magistrados (la consulta se repite en cada audiencia, aunque los candidatos repitan que si) y consultarlo sobre experiencias en control electoral. 

No fueron muchas: sólo recordó su defensa a la banca que peleó hasta su muerte el socialista Bravo y alguna anécdota como militante universitario, además del diálogo que tiene con los titulares del juzgado que aspira a ocupar. Nadie parece interesado en impedirlo.

Los senadores también escucharon a Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián, candidatos a la Cámara Federal de Bahía Blanca; Verónica Vieito, para el tribunal de Mercedes; Mario Leal, para Tucumán; de Pedro Pugliese, como defensor de Neuquén; y Gustavo Montoya, actual juez subrogante de San Ramón de la Nueva Orán, Salta, donde se instruyen muchas causas por narcotráfico por ser zona de frontera.

Montoya reemplazó al juez  Raúl Reynoso, investigado y luego absuelto por supuesto vínculos con los narcos. Su sustituto contó que había 20 mil causas archivadas, no estaban incorporadas al sistema Lex y halló depósitos de droga en las bóvedas. Y que estos cinco años secuestró 10 mil kilos de cocaína y 4000 de marihuana. 

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