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Human Rights Watch denunció los “abusos” de Insfrán y cuestionó la intervención de Pietragalla

La organización internacional y la Universidad Johns Hopkins elaboraron un lapidario informe sobre la situación en la provincia.

La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins elaboraron un lapidario informe sobre los “abusos” cometidos por el gobierno de Gildo Insfrán en su estrategia para contener la pandemia de coronavirus y cuestionaron también la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

“El gobierno de Formosa ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19”, señala el informe, que además acusa a Insfrán de haber restringido el trabajo de la prensa independiente y usado excesivamente la fuerza en las protestas contra la cuarentena.

La Justicia le ordenó a Insfrán que restablezca la libre circulación

“Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”, indica el texto.

 

Además se denuncia que en los centros de aislamiento convivieron personas con test positivos con otras que tenían negativos o esperaban resultados, mientras que las condiciones de hacimiento hacían imposible el distanciamiento y en algunos casos no hubo atención médica adecuada.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Human Rights Watch informó que su informe se baso en entrevistas a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que estuvieron confinadas en centros de aislamiento. “La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias (…) Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo”, aclaran.

El Gobierno demoró horas en condenar a Insfrán en medio de una dura interna

El informe también cuestiona la respuesta del gobierno nacional ante las denuncias en Formosa, en particular la visita de Pietragalla.

“Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos”, dice el trabajo.

La organización indicó que los funcionarios les transmitieron “que las personas entrevistadas ‘no manifestaron cuestionamientos sobre las condiciones de higiene o la atención sanitaria’ en los centros que visitó, pero que su oficina registró ‘problemas puntuales’ relativos al acceso a información sobre salud y a reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas”.

“La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, indica el informe, que también cuestiona el comunicado del gobierno sobre la represión en Formosa.

El cuestionamiento al papel de Pietragalla llevó a HRW a pedirle a Albertoo Fernández que promueva la designación del Defensor del Pueblo de la Nación. “Es un órgano cuya estructura es independiente del poder ejecutivo y podría documentar y denunciar abusos, no funciona con normalidad desde 2013, cuando concluyó el mandato del entonces defensor adjunto. El Congreso no designa a un Defensor del Pueblo desde 2009”, dice el informe

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que “el gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del Covid-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”.

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