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Soria contundente afirmó que el fallo es “un mamarracho jurídico” con fines “políticos”

El ministro de Justicia agregó que “una medida sanitaria del Gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de “preservar la vida de miles de argentinos” y dejó claro que “no dictó políticas educativas” en referencia al fallo de la justicia porteña al que calificó de “mamarracho jurídico” con una sola explicación que es “política”.

“El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, publicó hoy el ministro en su cuenta en la red social Twitter.

Agregó que “una medida sanitaria del Gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política.

“La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, concluyó.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló hoy a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación realizada por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.

La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli.

La camarista Macchiavelli había sido recusada por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández por ser hermana del secretario de Ambiente del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, quien también se desempeña como secretario general del partido Pro del distrito.

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