A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María Guillermina Ruiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.
A finales de julio, el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.
En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: «ES FALSO». En ese sentido, publicó que «esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia». Además, alegó que todo es una «operación política» contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.
El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: «Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos». Finalmente, pidió a la comunidad en redes que «entiendan» que es diputada: «No soy una tuitera».
-data24
