La Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativo intimó al subsecretario de Ambiente del Chaco, Mariano Moro, para que remita el registro epidemiológico y de estadísticas sanitarias labrado para el monitoreo preventivo de la salud de las poblaciones cercanas a las zonas de Pampa Oculta y de la localidad de Campo Largo por la aplicación de agroquímicos, en el marco de lo establecido por la ley provincial de Biocidas. Asimismo, apercibió al funcionario provincial con denunciarlo penalmente por desobediencia judicial en caso de no dar respuesta a la intimación en un plazo de dos días de recibir la notificación.
Según pudo saber LITIGIO, la drástica decisión judicial fue adoptada el 12 de julio pasado por parte de la jueza Natalia Prato Stoffel, ante la falta de cumplimiento de un requerimiento anterior que fue notificado el 3 de mayo pasado al subsecretario de Ambiente del Chaco y que a fines de junio todavía no había sido respondido.
El caso
La medida forma parte de la tramitación de una acción de amparo impulsada en 2021 por una productora ganadera de Pampa Oculta, zona rural de Campo Largo, que debió recurrir a la vía judicial, luego de las innumerables denuncias realizadas ante las autoridades ambientales provinciales y la policía local sin obtener ningún tipo de respuestas.
Las denuncias de la productora Griselda Ruiz fueron difundidas en una serie de notas de El Diario de la Región, sobre finales de 2018 y principios de 2019. En una de ellas, Ruiz aseguró que “es un tema muy serio, afecta la parte económica porque familias dedicadas a la agricultura perdieron todo y encima se suma la intoxicación por agroquímicos”. En noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, Ruiz había realizado las denuncias pertinentes pero no obtuvo ninguna respuesta y las fumigaciones no cesaron.
“El procedimiento se realizó en el mismo campo, lotes de soja y maíz, del otro lado viven vecinos que subsisten gracias a sus producciones y la venta de huevos y gallinas, ahora perdieron todo, las fumigaciones contaminaron el agua, las verduras y mataron a los animales”, sostuvo en aquel momento. Ante la falta de respuestas, en 2021 impulsó una acción de amparo representada por la abogada Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, y el abogado ambientalista Pablo Fernández Barrios.
