El fin de semana largo parece una especie de tregua en la caldeada política nacional, pero este miércoles promete volver recargado, con un conflicto de pronóstico reservado, ya que la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta, con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios, en rechazo a los miles de telegramas de despidos del personal de la administración pública.
A sabiendas de la medida de fuerza, se estima que el ministerio de Seguridad no solo aplicará el protocolo antipiquete, sino que desplegará tanto un fuerte operativo como el vallado de las dependencias oficiales, como realizaron por ejemplo en Télam.
También trascendió que se pondrán a trabajar los abogados de la secretaría de Trabajo para denunciar posibles bloqueos de los ingresos a los edificios, de parte de las comisiones internas y delegados.
Las acciones gremiales comenzarán temprano, y si bien no se trata de un cese de actividades, la modalidad de la protesta podría derivar en gran parte de la paralización de la administración pública. Vale aclarar que no todo el personal del sector está adherido a ATE, ya que la otra organización de la actividad es la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, quien descartó la convocatoria a una huelga nacional a pesar de la ola de cesantías dispuestas por la Casa Rosada.
El gremio advirtió: «Cualquier hecho violento es responsabilidad del Gobierno»
El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó: «Vamos a defender nuestros trabajos con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Hacemos responsable al Gobierno por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar».
Explicó que «ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero este miércoles igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar al gobierno de Javier Milei».
El dirigente advirtió: «Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar».
¿Cuántos son los estatales que serán despedidos?
Los datos sobre despidos son confusos a partir del propio discurso oficial. La semana pasada, Milei informó que ya había unos 50.000 cesantes y que iban a dar de baja a otros 70.000 agentes contratados. Poco después, el Ejecutivo salió a negar esas cifras y apuntó que se estaban revisando contratos, estimando en que en esta primera etapa se cancelarían unos 14.000 empleos públicos.
Aguiar aclaró que «el presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela».
Explicó que son más de 70.000 los vínculos laborales que están en riesgo por estas horas. De ese total, 65.000 corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP). El jueves estimaban que unos 7.000 empleados de distintas dependencias habían recibido los telegramas de despidos.
Reclamos salariales y laborales al ministerio de Capital Humano
En una nota dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el sindicato informó que la medida de fuerza nacional se desarrollará en reclamo de:
- Aumento salarial que supere la inflación.
- Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos los trabajadores.
- Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los despedidos.
- Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
- Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
- Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
- Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.
- Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
- Anulación del DNU 70/23.
Reunión de asesores gremiales sindicales ante «una situación inédita»
Con la presencia de casi la totalidad de los asesores legales de los consejos directivos Provinciales, se convocó a una reunión extraordinaria del colectivo de abogados de (ATE), con el propósito de analizar la situación de los despidos, unificar criterios y resolver los pasos a seguir.
Mariana Amartino -quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el Equipo Jurídico Nacional de ATE- relató que «llevamos a cabo una reunión federal con el objetivo de evaluar la inédita y compleja situación política que estamos atravesando en el país respecto del empleo público, y hemos dispuesto acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado».
Además del abordaje individual de cada caso desde los Consejos Provinciales, entre otros puntos, el cónclave resolvió en el caso del cierre total de organismos, realizar presentaciones de manera institucional atento a la obligación del Estado de prestar determinados servicios, funciones esenciales vinculadas a derechos.
Asimismo, se avanza en distintas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos frente a los incumplimientos que se puedan dar por parte del Estado argentino o la violación de los tratados a los que está suscripto, en tanto el trabajo es un derecho humano fundamental para la concreción de otros derechos humanos, tales como la Salud, la Educación, la alimentación y la vivienda digna.
Aguiar avisa que se va a profundizar la conflictividad en el Estado
Aguiar, quien también participó del encuentro, manifestó que «el nivel de ataque sobre los derechos de todos los trabajadores estatales es muy grave e inédito». Añadió que «el gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático».
Indicó que «además de ratificar un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país, también convocamos a una reunión extraordinaria de nuestros equipos jurídicos. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada».
Avisó que «la conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo en la defensa de los trabajadores despedidos, sino también porque los delegados y dirigentes sindicales van a comenzar a ser criminalizados y perseguidos».
