Cálculos, plazos e interrogantes en el tablero del Gobierno de cara a la votación de la nueva Ley Bases

El Gobierno mide con cuidado cada uno de sus pasos para el segundo intento después de que el apuro y el enfoque atolondrado del debate de la Ley Bases desembocaran en un fracaso estrepitoso. Las negociaciones preliminares están terminadas, los borradores del proyecto y del paquete fiscal ya están en etapa de pulido final y estarán en horas en manos de los aliados. Desde mañana, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pondrán en marcha el cuidado cronograma que diseñaron como hoja de ruta para el debate en el Congreso con vistas a aprobarlo en Diputados antes del final de abril y en el Senado la segunda semana de mayo.

Tras enviar la versión del proyecto, que fue recortado y re-redactado durante dos meses, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, trabajaba esta tarde en los últimos detalles de la re-redacción, y en Gobierno proyectan los apoyos políticos que le faltan en Diputados, porotean votos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el asesor de Karina Milei, Lule Menem, mientras planifican semana a semana el tratamiento en el Congreso.

Reina en La Libertad Avanza un optimismo creciente, que el mismo Francos manifestó esta misma mañana despojado de los pruritos bilardistas de Milei. Después de las charlas presenciales y telefónicas informales del fin de semana, creen que todos los gobernadores de Juntos por el Cambio los respaldarán, y están convencidos de que Miguel Pichetto les facilitará la media sanción en Diputados, con excepción de aquellos que responden a Elisa Carrió.

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La última reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio en Casa Rosada

El rechazo de los “lilitos”, que tienen poco peso como bloque, no los desvela -aseguran en Balcarce 50-, y no ensayarán gestos de acercamiento a su líder, que acaba de decir que el Presidente está en camino de “destruir” a la clase media y de pedir que se investigue el cierre de una de las causas por enriquecimiento ilícito contra Ariel Lijo, uno de los dos jueces que el oficialismo propuso para la Corte Suprema. “Nosotros hablamos con el jefe del bloque, en todo caso deberá ser él quien resuelva las diferencias que tienen adentro”, se desentendieron. Y chicanearon sobre el condicionamiento simbólico de Carrió ante la opinión pública: “¿No dijo algo parecido a lo de Toto?”, se preguntaron.

La prueba de fuego, en lo inmediato, es la evaluación de los mandatarios de la Patagonia, los más duros con Ganancias, que pasará a llamarse “Ingresos Personales”. A priori, en la Casa Rosada creen que la mejora en la oferta del piso que habían propuesto inicialmente -pasaron de 1,2 a 1,8 millones- y la introducción de nuevas escalas serán medidas suficientes para convencer a Alberto Weretilneck (Río Negro), Rodolfo Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y si bien dudan particularmente de la predisposición de los tres últimos, de origen kirchnerista o provenientes del mundo gremial, con que el resto los respalde sería suficiente, según sus cálculos.

También está pendiente el pedido que les hizo Francos a los gobernadores de Juntos por el Cambio para que le extiendan, lo antes posible, sendas listas con los nombres de los diputados y diputadas que les garantizarían cada uno en el Congreso. En principio, el ministro político, diplomático, no impuso una fecha límite. Y del otro lado no hubo un compromiso formal del otro lado. Pero en Gobierno están a la expectativa de un gesto de reciprocidad para evitar “confusiones” sobre la transacción política, que entró en la etapa más operativa. En el interior algunos calificaban como “torpe” la sugerencia/exigencia. Otros, deseosos de despegarse de los sectores críticos del Gobierno dentro de los divididos bloques, se mostraban abiertos a cumplir.

Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

La fecha cúlmine será el 25 de mayo, cuando tienen planeado celebrar la firma del famoso “Pacto de Mayo” que anunció Milei en la Asamblea Legislativa. Pero hasta entonces restan menos de siete semanas, que el Gobierno distribuyó concienzudamente.

La pelota quedó esta tarde del lado de los espacios aliados, y el Gobierno quedó a la espera de una evaluación de la contraparte. Desde esta tarde, gobernadores y bloques de Hacemos y JxC evaluaban si el contenido respeta las pautas que pidieron sobre los ejes más problemáticos: desde Ganancias, a las facultades extraordinarias, la reforma laboral e ítems específicos vinculados a los regímenes productivos. Así que los días restantes de la semana que corre son inciertos y por ahora no hay reuniones ni actos proyectadas.

“Puede pasar cualquier cosa”, dijo un funcionario. Aunque sí se puede esperar que, en caso de recibir una respuesta positiva con un principio de acuerdo, hagan el postergado llamado al plenario de comisiones.

Los primeros avances concretos se verían desde la semana que viene. El Gobierno quiere comenzar con el debate en comisión desde el lunes 15 o el 16, para que el miércoles o jueves de la siguiente -del 22 al 26-, se dedique al recinto. Esperan obtener la media sanción antes del último viernes de abril, razón por la cual estarían habilitados para buscar la aprobación al Senado entre el 29 y el 3 de mayo. Sin embargo, lo más probable es que la posterguen. Supuestamente, para respetar los plazos legislativos entre Cámaras. Pero, en el fondo, para evitar que el inicio de la discusión en la Cámara alta -que entre otros temas clave incluye una reforma laboral- coincida con el 1 de Mayo.

En el Gobierno están en alerta, aunque lo disimulen, por la serie de avisos de los gremios más duros sobre medidas de fuerza y movilizaciones en el primer Día del Trabajador del gobierno de Javier Milei. Y si bien el Presidente asegura que salga o no salga la ley avanzarán, en el resto del oficialismo hay consciencia sobre las consecuencias de medir mal los tiempos para dar las discusiones políticas.