La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) denunció en la justicia federal de Chaco a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por armar un mecanismo de desmonte sistemático de bosque nativo, con un fuerte daño al ambiente. El “nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos” habilitaría al desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia sancionó, en la madrugada del 30 de abril, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley 4005R. Así, áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.
La principal causa del desmonte en la provincia es el avance agropecuario y taninero. Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8 por ciento de ese territorio. Hoy es el 18,5 por ciento.
En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865
Lo que denuncia AAdeAA es que esta aprobación del nuevo ordenamiento territorial no es más que otro engranaje en un sistema que se viene conformando desde hace años, en donde funcionarios otorgan permisos de explotación siempre a las mismas empresas de las que, en algunos casos, son parte. Y que diputados que votaron a favor del desmonte son también dueños de compañías forestales.
Esto provoca un daño al ambiente que cada vez se vuelve más irreversible. El desmonte no solo compromete a la flora y fauna del lugar (en muchos casos se desmontan zonas linderas a reservas naturales) sino que también favorece a la sequía, la desertificación y limita la absorción del suelo en caso de una inundación.
El diputado Santiago Pérez Pons participó del proceso de aprobación del nuevo ordenamiento (votó en contra) y aseguró que fue “sumamente irregular” y que no se consultaron a las comunidades originarias que viven de ese bosque.
“Pese a nuestra oposición, por voto de una mayoría oficialista, la comisión sacó un despacho que vino cocinado de antemano en la primera sesión, sin haber sesionado previamente ni haber convocado a ningún actor a consulta. Duro 30 minutos la sesión de la comisión y no se permitió escuchar a nadie. En la justicia se va a ganar porque todo el proceso técnico fue mal hecho”, dijo.
La denuncia apunta a Hernán Halavacs, actual ministro de Producción. Previo a eso era ingeniero agrónomo y tenía una consultora. De acuerdo a la denuncia, es la persona que “mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia” para las empresas para las que trabajaba.
Antes de que se aprobara el nuevo ordenamiento, Halavacs dijo a la prensa chaqueña: “El forestal es un sector muchas veces olvidado y que genera gran cantidad de mano de obra y nosotros todo lo vamos a ayudar a todo lo que implique generación de trabajo”.
También fue denunciado Luciano Olivares, ex subsecretario de desarrollo forestal y asesor de Halavacs. El diputado y poderoso empresario forestal Atlanto Honcheruk (que votó a favor del nuevo ordenamiento territorial), Miguel Ángel López, exdirector de Bosques provincial y propietario del aserradero Forestales del Oeste y también empresarios nacionales e internacionales vinculados al agronegocio y la producción forestal.
Abogados Ambientalistas también pidió el dictado de una medida cautelar que suspenda el nuevo ordenamiento territorial y que se detengan los desmontes de bosque nativo que pongan en riesgo al ecosistema.
“El daño que se hizo es de carácter casi irreversible pero hay mucho daño por hacer lamentablemente a partir de la reforma legal que se hizo en la legislatura chaqueña que habilita que cientos de miles de hectáreas puedan ser arrasadas”, explicó Enrique Viale, uno de los denunciantes y miembro de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Viale, sin embargo, se mostró optimista por el impacto que pueda tener la presentación que hicieron ante la Justicia: “Una denuncia de estas características, con tanto detalle que evidencia esta trama de corrupción puede destruir esta asociación ilícita y quitar la mafia del desmonte de Chaco. Lo que abriría un nuevo panorama para la provincia”.
Entre los delitos que se les imputan a los funcionarios figuran: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita.
