El paso a paso del gobierno libertario ante un sistema energético colapsado despertó una fuerte polémica. El derrotero oficial habilita lecturas suspicaces. Este medio anticipó el informe crítico que Cammesa dió a conocer en julio.
Hace dos semanas el flamante secretario coordinador de Energía Daniel Gonzalez adelantó que «va a ser un verano complicado». Llamativamente fue su primera declaración pública. El jefe de Gabinete Guillermo Francos dió un paso más: «Va a tener que programarse algún corte», declaró en una entrevista radial el domingo pasado.
Bajo estas previsiones, el gobierno ahora salió con un plan de contingencia. Circula una resolución que pone el foco en la generación: la idea es aumentar la oferta de megas disponibles para el sistema.
Con este diagnóstico se soslaya que los episodios de apagones recientes se dieron en la transmisión, ya que explotaron las subestaciones transformadoras. Las líneas del AMBA están colapsadas. La región que más genera y mas demanda no soporta un mega más. No puede enviar a las provincias en caso de que sobre, ni recibir excedentes que se generen en el resto del país.
Esto no quita que la generación presente sus dificultades. Brasil anticipó menos disponibilidad de megas por los bajos niveles hidrícos y Atucha entró en parada técnica. Esto resta 2.000 MWh al sistema doméstico que en los picos de demanda de verano ronda los 30.000 MWh.
Sin embargo, en comparación con el verano pasado, aparecen otras variables compensatorias. La recesión derrumbó los indicadores energéticos, esencialmente el consumo fabril. No menor son las estimaciones a la baja de consumo de aires acondicionados consecuencia del aumento tarifario. A esto se suma buenos niveles de cota hidráulica en las represas, que contra la sequía del 2023, tienen más potencia disponible.
Actualmente la potencia instalada en la Argentina alcanza los 43.788 MW a julio de 2024, pero según la secretaria de Energía «la potencia disponible dista de la potencia instalada desde hace varios años a estar parte» argumentan en el borrador de la resolución.
«Parece un escenario autoinfligido», dijo a LPO un ex funcionario de la cartera de Energía. En este sentido fue muy elocuente Adrián Salvatore, director de Asuntos Corporativos de Central Puerto, en el foro de Energía organizado por Amcham.
«Esta semana se puso de moda el riesgo de abastecimiento para este verano, y a nosotros nos pega particularmente por estar involucrados», reconoció Salvatore y contó que se estan gesionando las inversiones para «alocarlas» para el mantenimiento correctivo de las maquinas que fueron sacadas del sistema para que esten disponibles. Salvatore no se privó de nada. «Estamos esperando que va a hacer el Estado con alguna regulación que pueda salir en el corto plazo para que incentivar estos mantenimientos», dijo.
La propuesta pasa por resucitar centrales térmicas obsoletas, que salieron del sistema por ser caras y de las mas contaminantes porque funcionan con la resaca del combustible líquido. Además son viejas y se rompen. Por eso para hacerlas funcionar los empresarios piden una mayor remuneración. Eso dispara el costo que pagan los usuarios.
«Acá hay ganadores y perdedores, y los dueños de centrales obsoletas que ahora buscan resucitar a un costo altísimo están claramente en el primer grupo», afirmó el ex funcionario.
Esto se vincula directamente con la cancelación de la licitación de las Terconf para ampliar en 3.340 MW la potencia. El gobierno anterior adjudicó proyectos presupuestados en USD 4.000 millones para la construcción de nuevas centrales térmicas. Este gobierno rompió esos contratos bajo el repetido argumento de que «no hay plata».
En la industria la interpretación es otra. Fuentes del sector afirman que la licitación se dio de baja porque Central Puerto había quedado afuera. En efecto, en esa licitaciónción Puerto quedó en una posición incómoda, al igual que Pampa Energía, el otro gran jugador del mercado. A fin de conseguir una mejor remuneración ambas compañias encuadraron su oferta en un renglón del pliego que no tenía prioridad. Las dos empresas eran número puesto para resultar adjudicatarias.
Con esto no parece casual que los beneficiados directos del cuadro crítico que pinta el gobierno sean Nicky Caputo y Marcelo Mindlin. Ambos disponen de centrales que están fuera de servicio. En el sector estiman que cuentan con capacidad de generar 1560 MVh las que funcionan con motores diesel, y 3781 MVh la máquinas a vapor. Como sea, la solución es exponencialmente mas cara e infeciente.
Además para que estas centrales puedan volver a generar energía hay que eliminar la resolución 59 que las dejaba afuera por caras e ineficientes. Posiblemente a esa «regulación» se refería Salvatore, el representante de Nicky Caputo que expuso en la Amcham.
Y en el borrador de la resolución hay un guiño del gobierno. En el inciso d se resuelve «Analizar y contemplar otras formas alternativas de generación y almacenamiento, al tiempo que se propiciarán mecanismos regulatorios adecuados para permitir el desarrollo del sector de generación, incluyendo dentro estos la acumulación de energía».
En lo concreto, el gobierno se para en un escenario crítico en la generación para convalidar nuevos contratos que aumentan el costo de la energía. Más insólito aún es que según la resolución el nuevo esquema de remuneración estará vigente hasta el 2027.
«De oficializarse la resolución, es digna de denuncia penal, deja en clara evidencia que se trata de un gran negocio para los amigos», dijo la fuente consultada. «Aumenta significativamente el costo de la energía que pagan los usuarios», agregó.
Como sea, nadie descarta el colapso de un sistema que ya se encuentra muy al borde. La falta de planificación, y los intereses privados, subestima la gravedad en el segmento de transmisión, justamente el menos rentable. La estación transformadora de Ezeiza y General Rodríguez ya operan al límite de su capacidad en términos de carga.
A partir de eso, lejos de encarar una renovación integral del sistema, la resolución de la secretaría de Energía promueve que las distribuidoras, que son más de 600 en todo el país, coloquen Unidades Generadoras Móviles (UGEMS) con el objetivo que Cammesa incorpore esta oferta de energía en la programación del despacho, tanto estacional como mensual y semanal. El gran interrogante es como se va fiscalizar esa oferta de energía. «Nadie sabe cuanto van a pedir las distribuidoras por estos megas ni tampoco se sabe como se va a comprobar que estan aportando lo que declaran», concluyó la fuente consultada.
