Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla se mantienen congelados desde que el kirchnerismo definió que no les firmaría el dictamen, a fines de agosto, tal como informó LPO. La negativa ante los candidatos oficiales a la Corte de parte de los senadores que responden a Cristina Kirchner fue un mazazo para el oficialismo, que todavía no mostró signos de reacción.
Esa resistencia opositora ya se había manifestado en la previa de la presentación de Lijo en la Comisión de Acuerdos, cuando Mariano Recalde blanqueó que el peronismo pretendía que el gobierno abriera una negociación. Pero a un mes de aquellas jornadas, las postulaciones del juez federal y el abogado García Mansilla permanecen en stand by.
Hasta el momento, la expresidenta no se manifestó públicamente pero las acciones de su tropa son elocuentes: el voto de la bancada peronista requiere a cambio la ampliación de la Corte y el tratamiento de los 140 pliegos de jueces aprobados por el Consejo de la Magistratura pero que la Casa Rosada retiene. De este modo Cristina no explica qué quiere, pero lo insinúa. Esa posición alimenta una guerra de nervios en Balcarce 50.
Un senador oficialista reconoció a LPO que la suerte de ambos candidatos está «en un limbo». «Son los dos o nada pero no están ni las firmas de los dictámenes, así que por ahora están en el limbo», afirmó.
En el kirchnerismo alegan que «Lijo es el juez del gobierno y para convertirlo en juez de la Corte Suprema necesita llegar a dos tercios del Senado, con el peronismo». «Sería muy raro que Cristina acepte votar los dos jueces de Milei a cambio de nada», afirmó a LPO un senador peronista que habla con la ex presidenta.
LPO pudo corroborar que la negativa contra el magistrado no obedece a cuestiones ideológicas ni de lawfare: Lijo fue el juez que dispuso la detención de Amado Boudou y un sector del kirchnerismo le atribuyó la responsabilidad por la divulgación de las imágenes de aquella escena. «La discusión no pasa por ahí porque el kirchnerismo no pierde votos si tuviera que acompañar el pliego de Lijo», reconoció un dirigente cercano a la ex presidenta.
De hecho, la senadora Anabel Fernández Sagasti reflotó en una entrevista concedida a Futürock un proyecto de ley, con media sanción en el Senado, que aumenta el número de miembros de la Corte Suprema a 15. En ese reportaje, la mendocina se quejó de haberse enterado de las postulaciones de Lijo y García Mansilla por el Boletín Oficial, acusando falta de «diálogo», y apuntó: «Mientras más lugares haya en la Corte, se diluye más el poder concentrado rancio que tiene esta Corte Suprema».
La iniciativa parlamentaria a la que se refirió debe ser aprobada en Diputados antes que termine el período legislativo en curso, porque fue presentada en 2022 y los expedientes duran dos años.
La elevación de la cantidad de miembros podría acercar posiciones de los aliados a los libertarios. El PRO y la UCR también tendrían nombres para sugerir con el propósito de que lleguen al máximo tribunal pero en ambas bancadas interpretan que la pelota quedó del lado del gobierno y por el momento no se mueve.
LPO le preguntó esta semana a uno de los senadores aliados de Balcarce 50 qué tan cerca se estaba de conseguir las firmas para el dictamen de Lijo y la respuesta fue lapidaria. «¿Qué Lijo?», contestó.
Al cierre de este artículo, el expediente del juez tenía cuatro firmas cuando la comisión de Acuerdos tiene 17 miembros y un dictamen de mayoría requiere el apoyo de nueve. Los radicales y legisladores cercanos a Victoria Villarruel, como Juan Carlos Romero, aclararon que no van a respaldarlo hasta que no esté el apoyo del kirchnerismo.
