Crimen organizado: el impacto geopolítico en la región

El crimen organizado tiene un papel importante como actor geopolítico, ya que disputa con los Estados el poder político, económico, territorial y social. De esta forma, la delincuencia organizada influye en los Estados y sus sociedades, así como las relaciones entre sí y con otros Estados, teniendo como base objetivos tanto económicos, políticos como geopolíticos.

La situación que el crimen organizado ha generado en el mundo es hiperdinámica, caótica, heterogénea y, por supuesto, lo suficientemente importante como para haber puesto en tensión el concepto de gobierno estatal.

Esto sin dudas implica un impacto geopolítico cuyas consecuencias aún ni siquiera han podido ser mensuradas dado que, al menos en Occidente, este fenómeno social se encuentra en plena etapa de desarrollo, en pleno tránsito.

Las bandas complejas del crimen (tanto local como transnacional) han tensionado los conceptos tradicionales de seguridad y justicia, generando situaciones hasta hace poco tiempo impensadas. Una de ellas es la posibilidad de involucrar en la lucha contra este flagelo del crimen organizado a las Fuerzas Armadas.

México lucha desde hace años contra el narcotráfico. Foto: REUTERS/Stringer

Hay países de la región que, desde hace más de una década, cuentan con el auxilio de esta herramienta, aunque con resultados disímiles; desde la experiencia mexicana con la espiralizacion de la violencia a partir de la lucha contra la criminalidad organizada mediante el empleo del elemento militar, forzando los límites de la tolerancia para un Estado en el que funcionen los mínimos estándares institucionales, hasta países como Colombia dónde la participación de sus militares en este tipo de lucha es una continuidad de la saga beligerante contra organizaciones terroristas que han mutado a su variable narco.

No obstante ello, otros países de la región han optado, en función de sus escenarios de violencia producto de actividades criminales, por involucrar a sus fuerzas armadas en la lógica de dar una respuesta contundente a la criminalidad organizada, llegando incluso a involucrarlas en la gestión de seguridad de los establecimientos penitenciarios, pues como bien sabemos, la limitación de la libertad ambulatoria no es un impedimento por si solo, para la continuidad operativa de las bandas criminales.

La actividad criminal suele ser advertida por la sociedad únicamente por sus efectos: muerte, terror, incertidumbre, caos. Pero no siempre las empresas criminales necesitan de este tipo de acciones para funcionar; el crimen organizado no es únicamente el tráfico de drogas, de personas, de armas o la extorsión.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define el crimen organizado como aquel cometido por “un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

El análisis que efectuamos sobre la realidad, nos muestra los distintos componentes que requiere la actividad criminal a nivel global, así como también, las herramientas que los diversos países, tomados por regiones, generan para luchar contra este flagelo, centrando en la resiliencia, la capacidad de contención mitigación y neutralización de este fenómeno criminal.

Asimismo, la criminalidad está integrada por dos componentes; los mercados criminales y los actores criminales, que son los grupos de estilo mafioso, las redes criminales, los actores estatales (integrados al Estado y que actúan desde su interior), actores extranjeros (de gran relevancia en los ejemplos de la región) y recientemente agregados como una categoría más, los denominados actores del sector privado (jugadores de la economía legal que escapan al control del estado, poniendo a disposición del flujo de capitales ilegales su estructura para el “blanqueo” de los mismos).

Resumiendo, los actores criminales son la parte medular de las organizaciones delictivas que operan de manera organizada. Estos actores han moldeado en los últimos años la experiencia de los países latinoamericanos, generando situaciones de impacto geopolítico, como la reasignación de categorías criminales a bandas cuyo modus operandi ha mutado en acciones de intimidación publica compatibles con el terrorismo.

Y así llegamos a que estos actores criminales, en la lógica de su accionar delictivo, motivado en el animo de lucro, pero también en cuestiones inherentes al despliegue y control territorial, disputan la gobernanza legal a los Estados, poniendo en tensión los gobiernos que se inscriben en regímenes democráticos.

La lucha contra estas organizaciones criminales no solo ha generado nuevos escenarios desde lo político y lo geográfico (incidencia regional de gobiernos cooptados por bandas criminales), sino que, además, ha colaborado a la formación de neocategorías delictivas con las que se comienza a calificar a los integrantes de estas bandas organizadas.

La actividad criminal de trafico de sustancias estupefacientes ha definido a quienes integraban las estructuras dedicadas a tal fin como narcotraficantes, o narcos.

La evolución de estas organizaciones a lo largo del tiempo, en contexto de Estados debilitados que han sido gobernados por regímenes extremadamente corruptos, ha dado como resultado de esta peligrosísima simbiosis, Estados fallidos o narcoestados, donde la gobernanza de la sociedad ha llegado incluso a ser compartida.

Cuando en estos Estados surgen personas ligadas a la política que disputan poder a través de acciones tendientes a empoderar los resortes herrumbrados de un Estado que no cumple con los mínimos estándares de respeto a la institucionalidad, las organizaciones criminales, en ocasiones escalan a través de sus acciones violentas, caóticas y garantes del estatus quo criminal a un estadio superior al de mera organización criminal o narco criminal. Escalan a organizaciones narcoterroristas.

Los Tiguerones, de Ecuador, tendrían una alianza con Los Lobos, vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Fotos: ABC

Las experiencias de México, donde en los últimos años los carteles de la droga que disputan poder han asesinado a varios precandidatos a cargos electivos en las campañas electorales, o recientemente en Ecuador, donde un candidato a presidente fue ejecutado con posterioridad a un acto de campaña, o Colombia donde un fiscal general paraguayo fue ejecutado por encargo, entre tantos otros, son un ejemplo de lo expuesto.

La aparición de organizaciones narcoterroristas motivan a los Estados a modificar las condiciones en las que se desarrolla la vida social, generando este fenómeno un claro impacto geopolítico.

La incidencia de la actividad criminal organizada en todas sus variantes, con la incorporación de actores criminales extranjeros en países que, por su situación geográfica, son fuente diversa de amenazas no convencionales, aprovechada por actores no estatales de carácter transnacional, marcan una nueva estación en la evolución del narcotráfico al narcoterrorismo.

Nuestro país, de manera relativa en el contexto regional, comienza a evidenciar signos de este alarmante giro que las organizaciones criminales han experimentado en términos evolutivos de carácter negativo.

Las experiencias de los últimos años en varias provincias de nuestro país son testimonios calificados al respecto, especialmente las que se inscriben en los registros de acontecimientos disvaliosos ocurridos en Rosario y su zona de influencia.

Los crímenes planificados y controlados en su ejecución desde establecimientos penitenciarios han ido creciendo de manera cuantitativa en los últimos cuatro años. Este año han experimentado un giro desde lo cualitativo, especialmente en los últimos incidentes registrados como eventos con resultado de muerte para personas que, solo tuvieron la desgracia de estar en el lugar y momentos equivocados. El terror como complemento de la actividad criminal se aprecia claramente en cada uno de ellos.

Los homicidios random, como han sido los que sufrieron el 5 de marzo el taxista Héctor Figueroa, el 6 de marzo otro taxista, Diego Celentano, el 7 de marzo el chofer de la línea “K” de colectivos en Rosario Marcos Daloia, finalizando con el sanguinario homicidio de Bruno Bussanich, el joven playero de una estación de servicio del oeste Rosarino, dan cuenta de la intencionalidad de sembrar el terror como herramienta de presión social en la búsqueda de fracturar la intención político judicial de poner limites a este tipo de organizaciones criminales, que a la luz de la evidencia han tornado de meros delincuentes (de elevado riesgo) a elementos integrantes de estructuras terroristas, carentes de cualquier vestigio humanitario en su accionar delictivo.

El Estado debe reaccionar; para ello, generar las herramientas legales, adecuadas a un escenario de estas características, resultan no solo necesarias sino también imprescindibles.