Cristina Kirchner recibirá este miércoles el informe sobre las tareas realizadas por la oficina de escuchas judiciales que tiene a cargo la Corte Suprema desde 2016, para que evalúe si hay elementos que amerite denuncias o pedidos de juicio políticos contra sus miembros por irregularidades detectadas. 

La investigación estuvo a cargo de una subcomisión que se creó por disposición de la vicepresidente y Sergio Massa bajo la órbita de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, que este lunes se reunió para oficializar el informe y emitir dictámenes. 

La mayoría oficialista avaló la auditoría y la enviará a las autoridades de las cámaras por ser quienes encargaron la investigación, cuando crearon la subcomisión con una resolución conjunta. Serán, también las que definan si el resultado amerita un conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte, que según la auditoría se excedió ampliamente en sus atribuciones y facilitó la filtración de las escuchas pedidas por los jueces.

El más comprometido es Ricardo Lorenzetti, porque presidía el máximo tribunal cuando se tomaron las principales decisiones, llegó a firmar acordadas en soledad y nunca exhibió la documentación de los sorteos que definieron las autoridades de la Dirección de Escuchas de la Corte, la Dajudeco.

Cambiemos firmó un dictamen de rechazo, aunque sólo lo suscribieron los diputados Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca (PRO) y el radical José Cano, quien mantuvo un duro cruce con el senador Oscar Parrilli, víctima de filtraciones de conversaciones interceptadas en los últimos años. 

“El informe no dice que la Dajudeco tenga responsabilidad por las filtraciones. Pueden haber sido las partes”, sugirió el tucumano. “¡Pero vos crees que yo difundía mis escuchas!”, lo increpó el ex secretario general de la presidencia, en una de las salas del edificio anexo de la Cámara de Diputados, con algunos presentes y varios por zoom.  

No firmaron el dictamen de rechazo de Cambiemos los senadores de la UCR Pamela Verasay Juan Carlos Marino, cercano a Enrique “Coti” Nosiglia y víctima de una falsa denuncia de abuso sexual hace dos años, de la que resultó sobreseído.

Resulta aún más llamativa esta circunstancia cuando se analiza la actuación de Irúrzun en determinadas intervenciones, en su condición de camarista que resolvió en causas en las que el organismo que dirigió tuvo participación en la producción de prueba.

La auditoría, como adelantó LPO, hace foco en las causas en las que se filtraron escuchas en los medios y redes sociales, como la que investigó a Parrilli a partir de una denuncia de las entonces autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

Otro caso fue el que instruía el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena sobre el “rey de la efedrina” Raúl Segovia, detenido en la cárcel de Ezeiza. A las manos del fallecido juez federal Claudio Bonadío llegaron grabaciones sobre conversaciones del ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, detenido por la tragedia ferroviaria de Once.

En ambas situaciones se concluye en que el material se filtró cuando la Dajudeco lo trasladó, ya sea por un cambio de juez en la causa Parrilli (pasó de María Servini de Cubría a Ariel Lijo) o por el pedido de Bonadío para acceder, sin que mediara una autorización del magistrado que había ordenado las escuchas. 

En el primer caso, además, se detectó que las grabaciones estuvieron 209 días almacenadas sin resultados vinculados a la denuncia. “Se aprecia un mayor interés en escuchar al señor Parrilli que en averiguar el (supuesto) delito que había dado fundamento a la intervención judicial de la línea”, advierten. De esas intervenciones surgió el viralizado diálogo con Cristina, en el que le dice “pelotudo”. 

El informe señala además que hubo filtraciones de las conversaciones privadas de familiares de Santiago Maldonado, el activista que falleció en 2017 durante una protesta de la comunidad mapuche. La causa la instruyó el juez de Rawson Hugo Sastre y según los legisladores oficialistas, la Dajudeco aportó documentación con tachaduras que impidieron determinar el motivo y alcance de las intervenciones. 

El otro llamado de atención es sobre un “ofrecimiento del Ministerio de Seguridad” sobre un sistema geolocalizador de celulares denominado “Guardián”, a proveer en el marco de un convenio de cooperación con el Estado de Israel. El material nunca llegó pero la bicameral acumuló detalles de las gestiones fallidas de la entonces ministra Patricia Bullrich. 

José Cano, diputado de la UCR. 

La auditoría también señala que la Corte se excedió en las atribuciones, que se limitan a actuar bajo requerimiento judicial. Sin embargo algunas acordadas le asignaron nuevas facultades como realizar “minería de datos”, que durante investigación se informó que nunca se aplicó. 

Y que aplicó por su cuenta un cuerpo de peritos para casos de corrupción que funcionó bajo la misma superintendencia que la Dajudeco, cuya selección de autoridades también está en tela de juicio. Una acordada de la Corte nombró al camarista Martín Irurzun, aludiendo a un sorteo del que no quedan rastros. 

“No consta en acta alguna su realización de este. En definitiva, la singular forma de elección de los directores de la DAJuDeCO, cuyos nombres se conocieron en medios periodísticos antes de que ocurriera el sorteo”, señala el dictamen favorable del oficialismo. 

“Resulta aún más llamativa esta circunstancia cuando se analiza la actuación de Irúrzun en determinadas intervenciones, en su condición de camarista que resolvió en causas en las que el organismo que dirigió tuvo participación en la producción de prueba”. 

Oscar Parrilli. 

“Es decir, mientras que, por un lado, bajo la dirección de la DAJuDeCO eran los responsables de implementar las interceptaciones de las comunicaciones y brindar asistencia judicial en delitos complejos y crimen organizado, por el otro, convalidaban dichos actos procesales en su rol de jueces de apelación”, destacaron los legisladores del Frente de Todos. 

El trío de diputados de Cambiemos consideró fuera de lugar las acusaciones. “Se pasa por alto que la información de las causas judiciales penales es información que es de los poderes judiciales y los ministerios públicos fiscales y nunca de los organismos del sistema nacional de inteligencia”.

Por otro lado ensayan una defensa al fallecido Bonadío porque “el juez es el facultado a solicitar evidencias y no se puede argumentar que un protocolo interno debe prevalecer sobre una ley y menos para encubrir una posible irregularidad de un tercer juez que ordenó intervenciones telefónicas masivas”.

Y defienden a la Dajudeco, al considerar que “no surge responsabilidad alguna de la Dirección en los hechos relacionados a los expedientes administrativos internos analizados. Cuenta con protocolos pormenorizados y detallados no sólo en materia de interceptación de comunicaciones sino de toda la actividad desarrollada”.  

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