La gestión libertaria de la provincia del Chaco presentó la apelación contra la medida dictada por el juez Jorge Sinkovich que le ordenó asistir de inmediato con agua y alimentos al pueblo Wichí en El Impenetrable. Según la apelación del gobierno de Zdero, la presentación de la Defensora General Adjunta se basa en “meras declamaciones” y que el fallo “solo tiene una finalidad mediática”.
El gobierno del Chaco apeló la medida cautelar que le ordenó asistir de inmediato con agua y alimentos al pueblo Wichí en El Impenetrable, ante una presentación realizada por la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz. Fue a pocos días de que el candidato impulsado por el gobernador Leandro Zdero se impusiera por amplio margen en las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), el órgano de representación de las comunidades indígenas del Chaco.
El IDACh es un organismo autárquico, creado por ley en mayo de 1987, y que tiene como misión la elaboración y gestión de políticas públicas destinadas a los pueblos Qom, Wichí y Moqoit. Más allá de su autarquía en los papeles, casi siempre ha sido cooptado por los oficialismos de turno y ha respondido más a las necesidades e intereses del Poder Ejecutivo que a las comunidades indígenas que dice representar. Es así que debió ser la defensora general adjunta de la provincia del Chaco, Gisela Gauna Wirz, la que impulsó la medida cautelar para asistir al pueblo Wichí, dada la desesperante situación que atraviesan los pueblos indígenas en general, y ese pueblo en particular.
La medida, dictada el 18 de marzo pasado por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, le ordenó al gobierno provincial reforzar la asistencia con agua y alimentos a las comunidades indígenas asentadas en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías; Fortín Belgrano y todas aquellas ubicadas en el Departamento General Güemes.
La decisión del juez Sinkovich, en rigor, consiste en la ampliación al pueblo Wichí de la cautelar dictada en el año 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sólo incluía al pueblo Qom, tras una presentación del entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quién había denunciado un “genocidio silencioso” durante el gobierno del radical Roy Abelardo Nikisch, hoy intendente de Resistencia. Aquella gestión desencadenó una serie de protestas de las comunidades indígenas en toda la provincia, que incluyó la toma de uno de los pisos de la Casa de Gobierno.
Cabe informar que en esta causa, además de la Defensoría General Adjunta que impulsa la medida, interviene en calidad de amigos del tribunal el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la la Defensoría General de la Nación, a través del programa Diversidad Cultural.
La apelación del gobierno de Zdero: “Solo tiene una finalidad mediática”
Según la apelación de la Fiscalía de Estado del Chaco, a la que tuvo acceso LITIGIO, la presentación de la defensora general adjunta se basa en planteos “abstractos” y que “no acredita ni someramente o mediante una presentación seria que respalde o justifique tal petición, la falta de asistencia en esas áreas, ni contrarresta con prueba alguna en contrario o contradice los informes presentados al respecto”.
En ese sentido, desde el gobierno de Zdero aseguraron que el escrito se sustenta en “meras declamaciones” de derechos de carácter humanitario “sin aportar elementos serios y/o concretos que permitan demostrar la necesidad de la medida decretada contra el estado (sic)”.
Para el Ejecutivo, la defensora general no contradijo “las medidas que positivamente se vienen llevando a cabo por la Provincia en la zona informadas en la causa”. Es decir, el gobierno de Zdero consideró que la Gauna Wirz no “valoró” lo que viene realizando, a pesar de advertir que las acciones son insuficientes dada la situación acuciante que atraviesan las comunidades.
La Fiscalía de Estado cuestionó que el juez Sinkovich en forma “subjetiva y voluntaristamente se inclina y meritúa las afirmaciones de la defensora oficial por sobre los informes detallados adjuntados, sin dar mayores razones de porque (sic) una versión tendría más valor que la otra, lo que descalifica el decisorio por arbitrario”.
En ese contexto, desde el gobierno provincial también criticaron la intervención del magistrado que monitorea el cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en 2007. Al respecto, señalaron que “por un lado ‘monitorea’ en forma pacífica y no controvertida el cumplimiento de las sentencias de las causas aludidas, y por otro se despacha con una sorpresiva innovativa, respecto de áreas que él mismo sabe, por el tenor de las audiencias, están siendo asistidas”.
Pero la apelación del gobierno de Zdero fue más allá y demostró una vez más su paranoia y que adolece de la virtud de la tolerancia al disenso democrático al considerar que la medida judicial fue dictada “con un claro fin efectista y/o publicitario”. Además, consideró que resulta “en los hechos redundante, sobreabundante, innecesaria por cuanto y sin que existiera pronunciamento judicial que así lo dispusiere, la Provincia viene ejecutando las acciones puntualizadas en las zonas mencionadas, lo que se encuentra sobradamente acreditado y expuesto, por lo que la medida decretada solo tiene una finalidad mediática y se encuentra, si se quiere cumplida resultando ‘abstracta’ la materia que se ventila”.
La apelación de la Fiscalía de Estado lleva la firma de la abogada Verónica Sudar Klappenbach y es patrocinada por el fiscal de Estado subrogante, Matías Kuray, hijo de la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle.
