Un grupo de diputados kirchneristas presentó este lunes un proyecto de ley para declarar de interés estratégico la industria del litio, con un articulado que fija una cuota de producción para destinar al consumo interno y un precio más barato que su cotización para exportación.
Con la firma de Julia Strada, Mario Manrique, Carlos Castagneto, Pablo Carro, Blanca Osuna, Cecilia Moreau, Leila Chaher, Leopoldo Moreau y Sabrina Selva, entre otros, el expediente habría generado malestar entre los gobernadores peronistas de las provincias litíferas, como el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil.
La iniciativa está dividida en siete títulos y 45 artículos. El 6° establece la creación de «una cuota especial de compuestos y derivados de litio para su comercialización en el mercado interno», mientras que el 7° establece una «obligación de venta» para que «las empresas productoras de compuestos y derivados de litio destinen una porcion de su produccion a su comercializacion en el mercado interno a los fines de promover su industrializacion y agregado de valor».
Dentro del peronismo identificaron el proyecto como un plan de La Cámpora para ir contra Jalil y Sáenz, aunque entre sus impulsores figuren legisladores que proceden de diversas fracciones de lo que fue el Frente de Todos, desde representantes de la CGT y la CTA hasta radicales kirchneristas como Lepoldo Moreau. A lo sumo, concedió una fuente parlamentaria, se podría hablar de «cristinismo fervoroso y kirchnerismo silvestre».
Desde el interbloque que lidera Miguel Pichetto dijeron a LPO que se trata de «un nuevo intento por reeditar la discusión que saldó la reforma constitucional de 1994: los recursos naturales son de las provincias». «Vuelve el burro al maizal con lo mismo», se quejaron.
El Título III dispone la creación del Instituto del Litio «como ente descentralizado del Estado Nacional», para «facilitar el desarrollo de la cadena de valor del litio y sus derivados con el fin promover nuevas inversiones, incrementando el agregado de valor local y el fomento de las exportaciones».
Una legisladora que integra el pelotón de diputados federales explicaron a LPO que su postura será el «rechazo a todo lo que implique intromisión de Nación en recursos de las provincias». «Ya la mesa del litio se había pronunciado en contra de este tipo de proyectos», recordó en referencia a las objeciones que hicieran Jalil, Sáenz y el ex gobernador Gerardo Morales.
Otro de los puntos salientes del proyecto es el de los derechos de exportación. Las retenciones, según lo estipulado por los artículos 35, 36 y 37, serán del 10 por ciento como máximo para compuestos de litio y sus derivados, 4 por ciento para materiales activos que contengan litio y 0 por ciento para celdas de batería.
Finalmente, la iniciativa elimina el tope a las regalías y permite que las provincias que adhieran a la ley podrán aplicarlas en función del precio internacional del litio. El fantasma de las retenciones móviles, tal vez, hizo que uno de los gobernadores afectados reprochara que «la Cámpora no madura, sino que se ‘maduriza'».
