En el kirchnerismo toman con cautela el fallo de la justicia comercial que declaró la quiebra del Correo Argentino, propiedad de la empresa familiar de Mauricio Macri, porque no descartan que la Corte Suprema le transfiera el caso a la Ciudad para rescatarlo.

Los juristas del oficialismo que siguieron las actuaciones del procurador del tesoro Carlos Zannini prestan atención en uno de los considerandos del fallo de la Corte que habilitó a Horacio Rodríguez Larreta a abrir las escuelas aun cuando un decreto nacional lo prohibía, le otorgó atribuciones a la justicia local que podría servirle a Macri para que intervenga en la causa Correo.

El Tribunal Superior de Justicia porteño falló dos veces a favor de Socma, principal accionista de Correo Argentino SA, pero la Justicia nacional lo desconoció y siguió la instrucción hasta sentenciar la quiebra de la empresa, en juicio con el Estado desde 2001 por presuntos incumplimientos en la concesión del Correo.

 

El martes la jueza Marta Cirulli declaró la quiebra del Correo Argentino SA tras dar por fracasado el proceso de salvataje y entender que la oferta realizada por la empresa del Grupo Macri “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”.

Macri denunció una persecución contra sus hijos aún cuando ya le vendieron sus acciones al hermano Gianfranco. Zannini anunció que el Estado seguirá activo en la causa y pedirá la “extensión de la quiebra a Socma”, la firma emblema del Grupo Macri, para comprobar si sus accionistas tienen activos para responder.

Los operadores del kirchnerismo aseguran que Macri estuvo tan involucrado en la causa que hasta habría participado de presiones privadas a los magistrados, además de los aprietes públicos a la jueza Cirulli por Twitter. Temen que la Corte traspase el Caso a la Ciudad para protegerlo.

 

“El síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza  (Cirulli) la extensión de la quiebra a Socma”, anunció y aclaró que no subestima a los abogados de Macri.

Aunque evitó mencionarlo, el camino que teme es el que pueda llevar a Macri a definir su futuro en el Tribunal de Justicia porteño, donde ya le mostraron fidelidad tres de los cinco miembros. Marcela De Langhe; Santiago Otamendi, ex secretario de Justicia del gobierno de Macri; e Inés Weinberg, quien fuera candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación.

Los operadores del kirchnerismo aseguran que Macri estuvo tan involucrado en la causa que hasta habría participado de presiones privadas a los magistrados, además de los aprietes públicos a la jueza  Cirulli por Twitter.

Los jueces de la Corte Suprema.

La magistrada, recuerdan en el Gobierno, no tenía muchas intenciones de bloquear el acuerdo que Macri intentó cerrar con su empresa familiar cuando era presidente, que luego fue considerado “abusivo” por la fiscal Gabriela Boquín, en un dictamen que evitó que la causa quedara en el olvido.

Cuentan que fue el único caso en el que el ex presidente no logró frenar a su favor un litigio contra una empresa familiar en sus años de presidente. Los abogados del Ministerio de Transporte, por caso, habrían cerrado varios casos, siempre desconociendo los reclamos iniciados por gobiernos anteriores.

La Corte le envió un imperceptible mensaje favorable a Macri con el fallo a favor de Larreta. “En los considerados se jerarquiza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por lo que si llega a esa instancia puede ganar. Pero no va a pasar menos que un año”, advierten.

La cautela de Zannini se debe además a que la justicia siempre evitó actuar contra Macri y hasta hubo magistrados que hicieron carrera protegiéndolo como la camarista María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien rechazó los fallos de los jueces contra Socma.

Como premio, Macri designó a su hija Agustín Díaz Cordero como jueza civil en la ciudad y la mayoría peronista del Senado la votó en marzo de 2018. Eran las gestiones del por entonces jefe del PJ Miguel Pichetto que el entonces presidente valoraba.

Pero la otra protección judicial también llega a lo penal: el juez Ariel Lijo todavía no citó a Mauricio Macri y recién el viernes pasado pidió el listado oficial de accesos a la Casa Rosada de todos los involucrados en la trama de negociaciones previas.

“Hasta ahora sólo citó al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, cuando Macri dejó los dedos pegados en todos lados”, señalan. Es que la causa investiga la marcha atrás que dio el ex presidente en el acuerdo firmado con su empresa y rechazado por Boquín, que sólo puede justificarse en que estaba mal hecho.

Macri nunca lo entendió así y cedió recién cuando la presión pública no le dio opción, al inicio de un año electoral que terminó con un triunfo de Cambiemos en al mayoría de las provincias. No imaginaba que iniciaba un camino judicial adverso. El primero.