El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.

La propuesta del Gobierno es sumar cuatro integrantes al órgano que se encarga de la selección y remoción de los jueces, para que esté compuesto por 4 jueces del Poder Judicial, 6 legisladores o representantes del Poder Legislativo, 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes del ámbito académico y científico. Además, establece que cada consejero durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva.

El texto fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.

El proyecto fue anunciado un día antes de que juren los nuevos diputados nacionales y en medio de la ruptura de la UCR en dos bloques. El oficialismo necesitará del respaldo de una parte de la oposición para sancionar la ley.

“Luego de haber escuchado las voces del consejo consultivo el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso en las próximas horas un proyecto que modificar el Consejo de la Magistratura”, afirmó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa.

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Cerruti detalló que el Ejecutivo busca que de “todos los nuevos integrantes que se sumen ninguno pertenezca al estamento político”, por lo que serán “un juez, un abogado y uno del estamento científico”.

“Esto nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de recuperar la confianza en la Justicia y reforzar la independencia”, remarcó Cerruti.

Además, la portavoz presidencial señaló que el proyecto “incorpora la equidad de género” en la nueva composición del órgano judicial.

Para acceder al Consejo los integrantes del cuerpo “no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años” y que “no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos”.