Los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano anunciaron que no darán quóum para tratar la ley Bases y pusieron al gobierno frente a una crisis dedesenlace desconocido.
En un video subido a Instagram dijeron que antes que la ley bases habría que tratar la nueva movilidad jubilatoria que sancionó Diputados, en una movida que anticipó LPO en exclusiva el jueves pasado. En esa nota, LPO reveló que estos senadores querían sancionar primero la ley de movilidad y cerciorarse que Milei no cumpliría su palabra de vetarla. Pero al final el oficialismo no aceptó tratar previamente la ley jubilatoria.
La situación con los santacruceños se agravó por la mala praxis política del gobierno, que mientras le concedía a Carambia subir de 3% a 5% las regalías mineras para que Santa Cruz acompañe la ley bases, hablaba con Miguel Pichetto y Emilio Monzó para asegurarse que cuando el proyecto regresara a Diputados insistieran con la versión original, así esas concesiones quedaban sin efecto, como reveló LPO.
Como era previsible esa maniobra no tardó en conocerse en el Senado. Pero además el Gobierno incumplió otros acuerdos con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, como informó este medio.
En su video, los patagónicos argumentaron que hace dos semanas firmaron el dictamen en disidencia y reclamaron cambios que ahora el oficialismo no respetaría. «Hace varios días que estamos sufriendo presiones del gobierno nacional con respecto a esto y realmente no cumplieron y ya quieren cambiar lo que habíamos acordado», expresó Carambia.
«El lobby minero es muy grande», denunció Carambia, en referencia a la jugada del Gobierno para dejar sin efecto la promesa de aumentar la franja de las regalías que pueden fijar las provincias por esa actividad del 3 al 5 por ciento.
El golpe político de los santacruceños lleva las negociaciones del gobierno al límite y deja en una posición incómoda al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que esta martes por la noche fue abordado por periodistas sobre este giro y quedó en evidencia que lo desconocía por completo.
Lo que no está claro es si los santacruceños votarán contra la norma o se abstendrán, este último es un escenario que permite mantener abierta la expectativa del gobierno de conseguir la sanción de la ley.
Pero la situación es delicada para el oficialismo, que gira en torno a los 36 votos, quedando a uno de los 37 necesarios para conseguir quórum. Objetivo que podría facilitarle Martín Lousteau, que anticipó que votará contra el proyecto oficial e irá con su dictamen, lo que le da la coartada para favorecer el quórum, si quisiera hacerle un gesto al gobierno.
Pero todo se complica para un Gobierno que aparece contra las cuerdas y queda preso de negociaciones de último momento: en las últimas horas trascendió que el radical Maximiliano Abad «aún no tiene definido» cómo votará. En el radicalismo oficialista contaban con su voto.
Hasta este martes, el Gobierno contaba a Abad como uno de los 36 votos por la afirmativa. Si el titular de la UCR bonaerense se abstuviera, los libertarios podrían perder la votación por uno.
Desde su entorno, advirtieron a LPO que «los cambios a los que accedió el gobierno fueron cosméticos», una frase casi calcada de la que expresó el propio Lousteau durante la última reunión del plenario de comisiones en la Cámara Alta. Además, recordaron que Abad no firmó ninguno de los dictámenes.
«Los radicales dicen que Abad vio cómo se lució Lousteau y ahora quiere mojar el pancito», comentaron a LPO desde la bancada libertaria.
El nerviosismo en el gobierno por el futuro de la ley alcanzó a la vice Victoria Villarruel, que improvisó este martes un almuerzo con Guillermo Francos y Juan Carlos Romero. «Son unos pelotudos incorregibles», dijo anoche sobre el gobierno uno de los senadores más activos en las negociaciones para lograr su sanción.
Si Villarruel y los libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche no consiguieran el quórum, la sesión se caería y el oficialismo debería volver a convocarla. «Quizá al gobierno le convenga que se caiga y tener más tiempo para seguir negociando la ley», comentaron a LPO cerca de un gobernador, aunque también admitieron que «la imposibilidad de sesionar ahonda los problemas políticos de Milei».
Por esa razón, la Vicepresidenta y funcionarios del Poder Ejecutivo, entre los cuales se señalan a Francos y a José Rolandi, reforzaron las presiones sobre los gobernadores peronistas, con el objetivo de que aporten algunos senadores al menos para garantizar el quórum. Bajo ese propósito, hicieron sonar los teléfonos del catamarqueño Raúl Jalil, luego de que fracasara el último intento para que el tucumano Osvaldo Jaldo persuadiera a Sandra Mendoza de votar a favor.
Pero no la tienen fácil Francos y Rolandi. El santacruceño Carambia apagó el teléfono después de informarle a José Rolandi que el acuerdo valía sólo para firmar el dictamen, pero no para aprobar la ley.
En ese momento, la Casa Rosada apeló a María Eugenia Vidal para que convenza a Gadano, que pertenecía a su armado y es excuñada de su exfuncionario Alex Campbell. «¿María Eugenia Vidal defiende la ley en cadena nacional pero Gadano va a votar en contra?», se preguntaban con indignación en un despacho libertario. Fue exactamente lo que ocurrió y ahora la bronca de la Casa Rosada alcanza a la ex gobernadora del PRO.
Por otro lado, la neuquina Lucila Crexell aceptó votar la ley. El decoro que buscó con su postura pública quedó manchado este martes, cuando llegó al Senado el pliego con su designación como embajadora argentina ante la UNESCO, algo que la legisladora habría acordado mano a mano con Villarruel antes de la firma del dictamen pero que trataba de desmentir. Ahora tendrá casa y un sueldo de 20 mil dólares mensuales en Paris.
En tanto, los peronistas federales Edgardo Kueider y Carlos «Camau» Espínola se mantendrían firmes en su apoyo a la ley, aunque integraron el Frente de Todos hasta enero de 2023. Alegan que no pueden darle la excusa al gobierno de negarle herramientas para la gestión, un argumento que Guadalupe Tagliaferri rebatió en una entrevista con LPO.
