Lo avisaron los sindicatos nucleados en la CATT. Es en rechazo de las desregulaciones y del decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga en muchas actividades.
La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) se declaró en estado de alerta y adelantó que en junio podrían lanzar “paros sorpresivos” en contra del decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga.
En conferencia de prensa, el secretario general de prensa de la CATT y titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, comunicó que la decisión de los diversos gremios del transporte nucleados en la CGT buscará “poner un freno” a las medidas del Gobierno.
“Quiere silenciar a los trabajadores, atentando una vez más contra el derecho a huelga, desregulado el sector aéreo, la marina mercante y atentando contra la soberanía nacional”, expresó Brey.
El dirigente aseguró que durante junio los medios de transporte podría verse afectado por “paros sorpresivos y asambleas”.
Las medidas anunciadas por la CATT fueron definidas en un plenario de secretarios generales en la sede de la central obrera. La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte está integrada por algunos de los principales sindicatos del sector del transporte, como Camioneros, Unión Ferroviaria y los Aeronáuticos, entre otros.
Por su parte, la CGT presentó este lunes ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del decreto 340 que limita el derecho a. Sostienen que imposibilita el ejercicio de las medidas de fuerza.
Derecho a huelga: la CGT presentó un amparo judicial que busca frenar el decreto del Gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial para intentar frenar el decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga.
La central obrera solicitó ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del decreto y sostuvo que imposibilita el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el decreto 340 reglamenta “de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales”.
También plantearon que el decreto impone niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, en los hechos, “imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.
Los líderes de la central obrera sostuvieron que la medida planteada por el Gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
