“Se nos quemó todo, nos mintió la provincia. Somos criadores de caballos, no nos quedó un alambre, no nos quedó un caballo. No tenemos quien nos ayude”, un vecino de Capilla del Monte llora desesperado frente a la cámara de TN. Tiene las manos manchadas, negras, de intentar apagar el fuego que devoró su campo.
Córdoba está sumida en incendios devastadores que consumieron más de 69 mil hectáreas, destruyeron al menos 24 casas y mataron a cientos de animales. El conteo se actualiza con cada foco que se enciende. Por el momento, la perspectiva de la provincia no es alentadora: no hay lluvias previstas para los próximos días y el viento sopla con fuerza, lo que puede reavivar las llamas.
Detrás del fuego hay una multicausalidad de factores que van desde la intencionalidad hasta el degradamiento del suelo por los desmontes.
El Gobierno de Martín Llaryora habilitó un fondo de emergencia de $5000 millones y asegura que con la ayuda que recibió de la Nación – un par de aviones hidrantes, helicópteros y brigadistas- y los recursos propios alcanza para el combate necesario. Sin embargo, vecinos de las zonas más afectadas: Capilla del Monte, San Esteban, Villa Berna, Anillaco, San Marcos Sierra, reclaman que se declare la emergencia nacional.
Intencionalidad y desmontes
En lo que va del año, tres personas fueron arrestadas por iniciar presuntamente fuego de manera intencional. Fueron detenidos infraganti y deberán ser indagados por la Justicia para conocer sus motivos. Según estadísticas oficiales, el 95% de los incendios son producidos por el hombre. Pero en el caso de Córdoba, la denuncia que se repite es que no se debe a una fogata mal apagada o a una colilla de cigarrillo sino a un deseo de “limpiar” terrenos para desarrollos inmobiliarios.
“Es un tema que venimos estudiando hace muchos años. Hay muchos loteos y eso abre un universo de especulación inmobiliaria. Estos incendios se iniciaron justo cuando estábamos por empezar el ordenamiento territorial de la zona de La Cumbre hacia arriba”, explicó a TN Federico Fumiato, concejal de Capilla del Monte. El ordenamiento territorial al que hace referencia implica una suerte de censo de los bosques que hay en la región y una determinación de qué tipo de actividades productivas pueden o no hacerse allí. Las zonas se pintan de verde (libre explotación), amarillo (explotación con restricciones) o rojo (sin posibilidad de hacer actividades) de acuerdo al valor ecosistémico del bosque. Se supone que las provincias deben apostar a objetivos cada vez más ambiciosos de conservación. Martín Llaryora negó esta versión.
Según explicó Fernando Barri, biólogo, docente de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad de Córdoba e investigador del Conicet, el loteo que se hizo de los montes cordobeces en la zona de fuego es parte del problema que ahora enfrentan los vecinos. “En la zona serrana se siguen permitiendo urbanizaciones, que implican desmontes, y no se debería. Nuestras cuencas serranas están muy degradadas y tienen menos capacidad para retener agua. Cuando llueve se lava todo y esa agua no la tenemos disponible en la estación seca”, explicó.
Un bosque sano, con su vegetación y ecosistema en buen estado genera una suerte de esponja que absorbe agua en períodos en los que hay humedad y amortigua el impacto cuando hay sequía. Si eso se retira, se pierde ese efecto esencial para evitar que los fuegos se descontrolen. Pero además, en los últimos años, Córdoba sufrió sucesivos incendios que fueron destruyendo el bosque y dejando cada vez más material combustible. Según datos de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) en 2023 la provincia perdió 41 mil hectáreas por incendios; en 2022, 81 mil y en 2021, 66 mil.
Sequía adelantada
La provincia de Córdoba viene de un proceso de sequía intenso, que afectó a toda la zona núcleo con un pico en julio. Y que, por lo que prevé el Sistema Meteorológico Nacional, podría extenderse durante los próximos meses. A esto se le suma la suba de temperaturas generalizada producto del cambio climático que exacerba los incendios.
En ese sentido, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, Roberto Schreiner, aseguró a TN que la provincia “perdió” la fase final del otoño por un adelantamiento inusual de las temperaturas invernales. El factor de esta modificación lo marcaron en la gran cantidad de heladas que cayeron en mayo, algo que secó anticipadamente la vegetación.
“Cada año hay más carga de fuego en el monte, en cerros y montañas. Si se quema un monte nativo, a lo mejor, esos árboles no vuelven a crecer y, con esto, notamos que la carga de fuego puede ser más grande. Los árboles secos que se secaron por el fuego, o que no se terminaron de quemar, quedan en el monte. Después vuelve a florecer otra vegetación, pero queda esa leña combustible”, explicó.
“Hemos tenido, en el peor momento de los incendios, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y humedad relativa del ambiente en torno al 15%, con una temperatura en torno a los 30°. Ese combo se mantiene”, expresó.
¿Faltan políticas de prevención?
Según recogió TN de charlas con especialistas, en los últimos años se fueron perdiendo políticas destinadas a la prevención de incendios como educación en colegios y dependencias estatales, señalética que indique cuándo hacer o no fuego e incluso un sistema de alerta temprana que permitía detectar los focos de incendio de manera ágil. En cambio, el Gobierno se concentró en equipar y preparar profesionales para el combate cuando las llamas ya están ardiendo.
“Córdoba no trabaja en detección y control temprano”, explicó Barri. “Vos tenés cámaras infrarrojas, tenés drones, podés enviar a patrullar a los bomberos, tenés estudios que te determinan las zonas de incendios de cada año. El control temprano significa que si se detecta un fuego, los brigadistas de incendios forestales llegan entre 15 y 30 minutos al lugar y lo sofocan inmediatamente”.
