El sindicato reclama una urgente recomposición salarial que incluya lo perdido desde diciembre de 2023. El conflicto amenaza con extenderse.
En medio de la caótica situación que se vivió el miércoles pasado con la movilización de los jubilados, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizó durante esa jornada un nuevo «Banderazo Nacional» en demanda de una urgente recomposición salarial. En tanto, este viernes los judiciales paralizan las actividades y anunciaron que la semana que viene profundizarán las protestas.
El secretario General de la organización gremial, Julio Piumato, apuntó que los reclamos no se limitan a una recomposición salarial, sino que también rechazan el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que ya recibió fallos en su contra.
Cuándo vuelven las medidas de fuerza de los judiciales
El dirigente destacó el grado de participación del Banderazo, donde se ratificó la huelga de este viernes. Expresó que «seguimos sin respuesta a nuestro pedido de recomposición salarial» y explicó que «la Corte Suprema dice que se niega a aceptar el ajuste del gobierno que quiere reconocer para enero y febrero menos aún de la inflación».
Recordó que, hasta el momento, solo recibieron una propuesta de suba salarial del 1,5 por ciento en enero y del 1 por ciento en febrero, que fue rechazada de plano. Piumato indicó que «ya dijimos que no aceptamos esa oferta por insuficiente, por no decir irrisoria y avisamos que no solo queremos la inflación, sino que queremos empezar a recuperar lo que hemos perdido desde diciembre de 2023». Entonces, si no se cumplen las demandas, el gremio tiene previsto otro paro nacional de 24 horas para el 21 de este mes.
Explicó que las cifras del INDEC no reflejan el aumento de precios real en el bolsillo de los trabajadores y subrayó que «muchos ya desconfían de los números que dan, porque vamos a hacer las compras y esos números no se condicen con la realidad» y explicó que «están dibujando la situación, donde los alimentos y el transporte están por encima de lo que marca la inflación».
Apoyo gremial a la decisión de la jueza Karina Andrade
Por otra parte, la Seccional 2 de la UEJN, junto con el gremio nacional, expresó su «firme apoyo» a la jueza Karina Andrade, quien resolvió la liberación de las personas detenidas durante la represión de este miércoles a la movilización en el Congreso en apoyo a los jubilados. Sostuvo que la decisión de la magistrada se basó en los principios jurídicos que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
Subrayó que la magistrada fundamentó su resolución en la falta de pruebas concretas contra los detenidos, la ausencia de imputaciones por delitos graves y las irregularidades detectadas en el procedimiento. Andrade dejó constancia en su resolución que muchas detenciones no fueron debidamente informadas ni justificadas, y que la propia fiscalía no pudo aportar elementos suficientes para sostenerlas.
El gremio enfatizó su rechazo a la postura del gobierno, calificándola como contraria tanto al derecho como a los hechos y señaló que «es inadmisible lo que plantea el Ejecutivo, ya que su postura no se ajusta ni a derecho ni a los hechos» apuntó la organización y agregó que, «criminalizar una protesta social sin pruebas es un intento claro de persecución política y de disciplinamiento de la Justicia».
Agregó que, «no se puede permitir que el gobierno ataque a una magistrada por aplicar la ley con independencia y apego a los principios constitucionales», al tiempo que resaltó su «compromiso con la defensa de la Justicia y con cada magistrada, magistrado, trabajadora y trabajador judicial que sufre presiones por cumplir con su labor de manera digna e independiente». En un comunicado cerró diciendo que, «no permitiremos que la persecución política se imponga sobre la Constitución y las leyes».
