Como parte de una serie de allanamientos ocurridos en la causa que investiga la trama millonaria de contrataciones de seguros, la justicia federal imputó y allanó hoy a Mauro Tanos, el actual gerente general de Nación Seguros. Tanos está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza de la Anses.
Durante la gestión del Frente de Todos, Tanos se desempeñó como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y, tal como informó LA NACION, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada fue ascendido a gerente general de la compañía. También quedó imputado y fue allanado en su domicilio Marcos Federico Eufemio, el actual gerente de compras de Nación Seguros.
Las vinculaciones entre los miembros de Nación Seguros S.A y los directivos de una de las empresas coaseguradoras se verificaron, según supo LA NACION, por la modalidad de varios de ellos de usar, como autorizados, autos de alta gama a nombre de cooperativas, cuyas sedes también fueron allanadas hoy.
Según supo LA NACION de fuentes judiciales, la documentación recabada en la investigación indica que Tanos actuaba como contacto con la firma San Ignacio, empresa que cobró comisiones millonarias junto a la firma TG Brokers -de Pablo Torres García- por la contratación de la póliza de la Anses. Además, en el expediente hay documentación que prueba que Tanos y su pareja tienen cédulas para conducir autos de alta gama que pertenecen a dos cooperativas: “7 de mayo Cooperativa de Trabajo Limitada” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada”. Estas últimas dos entidades quedaron bajo la mira de la Justicia.
De la vieja guardia de La Cámpora, Tanos estuvo muy ligado a José Ottavis, quien supo ser uno de los hombres fuertes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Más allá de la pertenencia de entonces a la organización, su recorrido por el Estado fue diverso: comenzó en 2010 como director en Foncap, empresa público-privada que entonces conducía Ottavis y que luego quedó en sus manos. Allí manejó un presupuesto millonario. Luego pasó por la Cámara de Diputados, donde trabajó como asesor. Según reconstruyó LA NACION, el directorio actual de la empresa Nación Seguros S.A fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y Tanos fue promovido como gerente general por el actual presidente de la compañía, Alfredo José Torres.
La compleja trama de vínculos
Pero no solamente fueron objeto de los allanamientos Tanos y Eufemio, actuales funcionarios de Nación Seguros. La justicia detectó una trama de vinculaciones entre las autoridades de la firma San Ignacio y un conjunto de personas que estuvieron a cargo de otras compañías coeaseguradoras que intervinieron en la póliza de la Anses, relacionadas, a su vez, con los funcionarios de Nación Seguros.
En las pólizas de Nación Seguros aportadas por Anses, se observa, según la Justicia, que aquellas que registran la intermediación de la empresa San Ignacio y TG Brokers (como organizador y productor), simultáneamente cuentan entre sus coaseguradoras con la intervención de la firma San Germán. En esa línea de investigación fueron allanados también los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, quienes figuran respectivamente como presidente y director suplente de San Ignacio. También se investiga Diego Nicolás Rosendi y Lucas Pablo Rosendi, con Bressi y con Héctor Basilio Villaverde través la firma coaseguradora San Germán.
No solo son investigados por el rol de la empresa en el complejo entramado de contrataciones, sino porque también hay sospechas en torno a los allanamientos ocurridos el mes pasado en los domicilios donde supuestamente funcionaba la empresa San Ignacio. Según supo LA NACION de fuentes judiciales, en uno de esos procedimientos Brian Kelly estuvo acompañado de su abogado, Emanuel Nagel, quien entregó cajas con documentación a la policía. Pero esas cajas, según los registros que obtuvo la justicia, fueron trasladadas a la sede allanada poco antes de que la policía llegara al lugar. Las cajas las entregó un hombre llamado Carlos Alberto Suárez, quien manejaba un auto cuya titular es familiar de una socia del gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio. Se trata de Mariana Paola Trupia, pareja de Alfredo del Corro, socio de Marcos Federico Eufemio. De allí surge, entre otros elementos, la relación entre este funcionario de Nación Seguros y los directivos de la firma San Ignacio.
Las empresas ligadas a Héctor Martínez Sosa
Por una serie de irregularidades que se produjeron en los allanamientos ordenados el mes pasado en las empresas San Ignacio y Bachellier (vinculada a Héctor Martínez Sosa), la Justicia considera incierta la documentación que ambas firmas aportaron. No solo hay incertidumbre por la información que aportaron las compañías -ya que se detectaron movimientos de cajas con documentos que fueron entregadas en el estacionamiento de la empresa – sino también sobre la sede real de sus negocios.
También hay nuevas sospechas en torno a la sede de la empresa Bachellier S.A, la principal beneficiaria de los millones de las pólizas del Estado. Según la auditoría de Nación Seguros, Bachellier figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación en los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad, y que equivale a casi la mitad del monto total relevado. Los funcionarios judiciales sospechan que esa esa firma está relacionada con la empresa “Héctor Martínez Sosa y CIA S.A”, del esposo de la histórica secretaria privada del Alberto Fernández, María Cantero.
Los procedimientos de hoy ocurrieron después de que los funcionarios judiciales a cargo del caso recibieran un informe elaborado por los síndicos internos de Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, en el que se incluyen los nombres de todos los productores que cobraron comisiones y los montos. Según ese documento, Bachellier S.A -vinculada a Martínez Sosa-, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales.
