Ya hay seis provincias que se quedaron sin abogados y abogadas que impulsen los juicios. Desde su inicio, el Gobierno de Milei ya desafectó a un tercio del equipo jurídico.
El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel busca beneficios para los represores por todas las vías. A partir de los recortes periódicos de puestos de trabajo aplicados durante todo 2024 y principios de 2025, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, redujeron en un tercio el equipo jurídico encargado de querellar en representación del Estado argentino en juicios de lesa humanidad. Hay seis provincias que se quedaron sin abogados que impulsen los juicios.
Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sufrieron los embates de la motosierra negacionista de Milei y Villarruel desde su desembarco al frente del Ejecutivo nacional. Mientras visitaban en la cárcel a represores investigados y condenados por secuestros y torturas, abusos y robo de niños durante la última dictadura y los años previos, mientras hacían lobby con leyes y vericuetos legales que les devolvieran impunidad, Baños y Cúneo Libarona cumplían a rajatabla la orden de achicar el brazo del Estado en áreas de sensibilidad para el tema.
Así, la planta de la Secretaría se redujo a la mitad en un año y un mes de gestión libertaria. En la mitad de trabajadores que dejaron de activar esos programas porque fueron despedidos, invitados a tomar un retiro voluntario o interrumpidos en sus contratos precarizados, figuran casi una decena de abogades que durante las últimas décadas representaron el ímpetu acusador del Estado nacional en expedientes y juicios orales y públicos contra represores de la última dictadura. De 26 abogades que integraban el área, nueve ya no están. A los que quedaron se les redujo el sueldo en más de un 60%.
Las cifras pertenecen al relevamiento que realiza periódicamente la Asociación de Trabajadores del Estado sobre la situación. El año pasado, Milei y compañía despidieron a cuatro abogados y abogadas. En enero de 2025, a otros cinco. Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza se quedaron sin quien asuma la tarea de querellar en nombre del Estado argentino en el proceso de juzgamiento a genocidas. En Mendoza y en Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos nacional abandonó su querella en medio de dos debates orales en curso. En Entre Ríos, el equipo quedó conformado por una sola persona. La titánica causa que investiga los crímenes sucedidos en Campo de Mayo perdió a uno de los abogados que la analizaban en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos.
“El objetivo es ’Memoria, Verdad y Justicia al tacho’. Una vez que no quede nadie, cerrarán la secretaría o la reconfigurarán según sus intereses”, evalúa un integrante del equipo que prefirió mantener su nombre en el anonimato. “El abandono del posicionamiento del Estado argentino como acusador en esta clase de crímenes aberrantes está claro y es total”, evaluó, en tanto, Fernando Peñaloza, quien hasta el 31 de diciembre de 2024 y durante 18 años representó la querella de la Secretaría de Derechos Humanos en las causas de lesa humanidad que tramitaron y tramitan en el fuero federal de Mendoza.
El contrato de Peñaloza, como el de la mayoría de sus compañeres en el área jurídica, corría vía Acara, el ente cooperativo que fungió como empleador de gran parte de la planta de trabajadores del Ministerio de Justicia hasta diciembre pasado. Aquel punto final fue uno de los caballos de batalla con la que Baños, Cúneo Libarona y cía barrieron con trabajadores del Estado en sus áreas. Cuando llegó el apriete de la gestión a les trabajadores para que se acogieran a un retiro voluntario precarizado o se atuvieran al despido, Peñaloza decidió que no continuaría. Este viernes reanudará sus audiencias el juicio por los crímenes del D2 en la ciudad de Mendoza, del que Peñaloza participó hasta diciembre pasado. Si no nombran a nadie para reemplazarlo, la querella quedará abandonada.
La misma decisión tomó Mónica Fernández Avello, abogada que ejerció la representación en juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca desde hace casi dos décadas. “¿Cómo me voy a quedar representando a una gestión que trata a sobrevivientes y víctimas de la dictadura como terroristas?”, reflexionó la letrada. En diciembre pasado, Fernández Avello culminó su alegato en el juicio por la megacausa que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Bahía Blanca desde hace tres años contra una treintena de genocidas. Fue lo último que hizo como querellante en representación del Estado nacional.
La semana pasada presentó un escrito ante los jueces con argumentos que explicaron su decisión de no seguir en ese rol. “Este gobierno está en las antípodas morales y éticas de mi persona, utilizando tanto el presidente como la runfla que lo apoya el mismo lenguaje y amenazas que utilizaban los genocidas atacando con un lenguaje soez e indigno a los opositores políticos, al feminismo, a las disidencias sexuales, a las organizaciones sociales, a organismos de derechos humanos, a las discapacidades, todos colectivos que he venido defendiendo desde mi profesión particular”, argumentó la abogada. “Tengo la certeza de que este gobierno ha roto el pacto democrático”, subrayó. Por pedido del TOF, Baños deberá definir si nombra a otra persona a cargo del rol acusador o si lo deja vacante y, por ende, deja caer la acusación.
La de correr al Estado de su rol querellante en el proceso de juzgamiento a genocidas es, para Pablo Llonto, abogado que históricamente representó y representa a familiares de víctimas y sobrevivientes en causas de lesa humanidad, “otro de los objetivos perversos del secretario de Derechos Humanos de la Nación, que en realidad es el secretario de deshumanización que tenemos”. No obstante, si bien considera como “un obstáculo” al hecho de no contar con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en muchos de los juicios, dijo que “las fiscalías y los centenares de querellas que hay no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”. “Todo esto lo que hace es motivar más para seguir adelante en la batalla para buscar a la mayor cantidad de genocidas libres que hay y lograr la Justicia para miles y miles de víctimas en los juicios que todavía restan en la Argentina”, declaró en diálogo con Página|12.
Los despidos también dejaron sin abogados que querellen en nombre del Estado nacional en Córdoba y Catamarca, al desplazar a Claudio Oroz y Ramiro Fresneda, situación similar en la que se encuentra el Norte del país. También despidieron a José Iparraguirre, miembro del programa Verdad y Justicia, quien se encargaba del acompañamiento a testigos-víctimas en Entre Ríos y la zona centro de Santa Fe.
Fuente: Página/12
