La intención de las autoridades es dictar este jueves un nuevo decreto de necesidad y urgencia y las resoluciones específicas, según trascendió en la Casa Rosada de una alta fuente de gobierno. No obstante, trascendió que “se contemplarán algunas excepciones, pero de carácter muy puntual” de acuerdo con las mismas fuentes.

Las nuevas normas se dictarán en momentos en que los contratos con laboratorios “están muy avanzados”, sostienen en medios oficiales haciendo referencia a las negociaciones con las compañías estadounidenses proveedoras de las vacunas para avanzar lo más rápido posible en el proceso de inmunización.

Una alta fuente del Gobierno confirmó a Ámbito que no habrá cambios en las restricciones pese al reclamo de los argentinos que están varados en el exterior y de las empresas aéreas que pasaron por Casa Rosada ayer para una reunión que apenas duró 10 minutos sin que hubiera acercamiento entre las partes.

Al finalizar este encuentro, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli sostuvo que desde el Gobierno explicaron a las autoridades de IATA que las medidas oficiales “tienen que ver con el cuidado de la vida y la salud de los argentinos y argentinas”. Además, afirmó que el análisis de la evaluación epidemiológica “deriva en la imposición de las medidas que sean necesarias para garantizarlas”.

Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) acusó el lunes al gobierno de Alberto Fernández de “dejar tiradas” por el mundo a 1.400 personas por día, a partir de las últimas restricciones al ingreso de pasajeros en medio de la pandemia. Se estima que en estos momentos hay unos 14.000 argentinos en el exterior.

Cabe recordar que en la actualidad rige la Decisión Administrativa 643/2021 que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y extiende hasta el 9 de julio las restricciones de ingreso a extranjeros no residentes a la República Argentina y la suspensión de vuelos regulares desde y hacia Reino Unido, Turquía, Brasil, Chile, India y países de África, así como otras medidas complementarias.

La norma estableció la reducción del cupo de pasajeros diarios que podrán arribar al país de 2.000 a 600. Asimismo dispone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen los lugares en los que los pasajeros que ingresen al territorio nacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto deben realizar el aislamiento de siete días (considerando desde la fecha de realización del test al arribo), con el costo del alojamiento y los testeos a cargo de ellos.

En tanto, la asociación civil Bases Republicanas presentó este miércoles una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado argentino está violando derechos humanos al prohibir y suspender el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos desde el exterior sin prestarles ningún tipo de asistencia ni brindarles respuestas concretas.

El escrito solicita que “el Estado argentino adopte las medidas de protección necesarias para garantizar el regreso de todos los ciudadanos que han quedado varados en el exterior a partir del decreto vigente, y se requiera a las autoridades nacionales que restablezca la aplicación del Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior” que fuera implementado en el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

La presentación de Bases Republicanas incluye información personal de 180 personas que han dado su consentimiento para llevar sus casos a la CIDH, en los que se encuentran varados en países como México, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros.