La acción judicial busca que se establezcan medidas para evitar el acoso sexual y violencia en el sector público
Siguen las repercusiones tras la acusación de abuso sexual y violación interpuesta por una subalterna contra el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva. Ello, puesto que la denunciante ahora se querelló contra el Gobierno de Gabriel Boric, al que culpa de vulnerar sus derechos fundamentales.
En el libelo, estampado el jueves pasado en el Segundo Juzgado Laboral y de Letras de Santiago, la mujer no pide una compensación económica, sino que el Estado implemente medidas eficaces y un protocolo que funcione realmente en casos como el suyo.
Según los abogados Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, la querella va en contra de la misma Subsecretaría del Interior -cartera empleadora de la víctima-, “por los actos y omisiones ocurridos durante la vigencia de su relación contractual con dicha entidad”, asegurando que la Subsecretaría actuó negligentemente frente a los hechos denunciados.
“Con esta denuncia de tutela laboral se busca no solo la reparación de la afectación sufrida por nuestra representada, sino también que se establezcan medidas efectivas para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia en el trabajo en el sector público, protegiendo los derechos laborales y fundamentales de todas las trabajadoras y trabajadores”, prosigue el documento.
“Atendida la connotación pública de este caso y para evitar filtraciones de información sensible, inexacta o derechamente falsa (situaciones que ya han ocurrido con anterioridad) se nos ha solicitado por la víctima y su familia comunicar públicamente la presentación de esta denuncia de tutela laboral, con la que se busca obtener justicia y reparación”, cerraron los legistas.
Qué dijo el Gobierno
Al respecto, el actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, sostuvo en un punto de prensa que “las reflexiones y mea culpa se han entregado”, que el Gobierno adoptó las medidas necesarias cuando estalló el caso y, de paso, recordó que la causa sigue su curso.
“Hay una investigación penal abierta, está el sumario administrativo de Contraloría y en tercer lugar, los abogados de la víctima interpusieron una acción prejudicial, cuyos antecedentes fueron notificados en su oportunidad a la Subsecretaría del Interior”, partió señalando.
Según la autoridad, “los abogados de la víctima han interpuesto una acción de tutela laboral, que está actualmente en tramitación. Ustedes han visto que son sus abogados quienes han hecho pública esa demanda y han explicado las razones en virtud de las cuales la han hecho pública”, detalló.
“En el caso del Estado, la defensa judicial de ese caso en concreto está a cargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ya había asumido la representación del Fisco con la acción prejudicial. No tengo mucho más que agregar al respecto, porque forma parte de un debate que está sometido a conocimiento de los tribunales”, se excusó.
En la misma línea, Cordero aseguró que “en lo que respecta a las medidas que ha adoptado el Ministerio del Interior, desde que ocurrieron los hechos son de público conocimiento. El Ministerio del Interior ha informado respecto a cada una de ellas ante las comisiones que se han formado en el Congreso, sea la sesión especial que tuvo la Cámara de Diputados, sea las sesiones que ha tenido la Comisión de Mujer, sea la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión Investigadora, en las cuales cada una de las autoridades del Ejecutivo que ha comparecido ha entregado los antecedentes que le han sido requeridos”.
Finalmente, el ministro recordó que la denunciante aún tiene contrato vigente con el Ministerio del Interior y que “las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que se han entregado a la comisión investigadora. Solo recordar que la víctima ha sido una permanente preocupación por parte del Ejecutivo”, remató.
