Martin Llaryora logró un triunfo político clave: Anses reconoció la existencia de una deuda previsional con Córdoba y, al mismo tiempo, se comprometió a girar cada mes durante el próximo año 6.000 millones de pesos, un flujo constante que traza cierta previsibilidad a las cuentas públicas y oxigena el déficit de la Caja de Jubilaciones.
“Es un doble triunfo político: por un lado, además del flujo de fondos para 2025, la Nación reconoció la existencia de una deuda previsional que el Gobierno de Córdoba estima en 1 billón de pesos. Y, además, el convenio se firmó ante la Corte Suprema de Justicia, algo que no había logrado ninguna provincia”, celebró el ministro de Justicia, de Córdoba Julián López.
El 26 de noviembre los delegados de Javier Milei y de Martín Llaryora volverán a verse la caras en una audiencia en la Corte: repasarán cómo avanza el cumplimiento del convenio, en particular el proceso de conciliación previsional, un arqueo para determinar cuánto debe Nación a Córdoba por el período 2019-2024. Esa fue la deuda reclamada judicialmente por Juan Schiaretti. Si todo se encamina, Llaryora bajará el reclamo judicial.
“La demanda se retirará sólo en el caso que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la deuda previsional que reclama Córdoba, la que entendemos rondaría con los valores actualizado el billón de pesos”, remarcó López.
Tras el acuerdo, Llaryora anticipó que habrá medidas de mejora para los haberes de los jubilados provinciales que cobran la mínima. En el marco del ajuste, Llaryora había dispuesto al principio de su gestión un diferimiento de seis meses para trasladar a los pasivos los aumentos que logran los activos en paritaria. Disminuir o eliminar esa brecha podría ser la medida “a favor” de los jubilados. El Gobierno lo anunciará en las próximas horas.
“Este es un avance tremendamente importante”, dijo Llaryora al celebrar el acuerdo y el rol de la Corte. “Cuando no hay un peso para nadie, llevar a Córdoba una cifra de 60 mil millones de pesos es muy importante. Voy a priorizar a los jubilados y defendimos los intereses de los cordobeses; hemos demostrado la justicia de nuestro reclamo”, destacó.
El acuerdo abre una puerta a reclamos similares que tienen otras provincias con regímenes previsionales no transferidos. De hecho, Llaryora lo dijo cuando destacó que el acuerdo sirvió para “reforzar la calidad institucional en estos conflictos de las provincias con el Gobierno nacional”.
En X, Llaryora escribió: “He instruido al ministro de Economía y Gestión Pública para que los recursos que lleguen regularmente -originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales-, al menos en parte, se orienten prioritariamente a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
