Ningún sospechoso encarcelado en Haití ha sido juzgado tras ser acusado del asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado a tiros en su domicilio en la capital del país hace casi cuatro años.
La violencia de pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han paralizado una investigación en curso caracterizada por arrebatos y tensos intercambios entre sospechosos y jueces.
“Fracasó en su misión. Y no le avergüenza declararse inocente”, declaró el juez Claude Jean con voz potente mientras se ponía de pie frente a un policía haitiano responsable de proteger al presidente, quien recibió 12 disparos en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021.
Jean es uno de los seis jueces haitianos que investigan si existen pruebas suficientes para justificar un juicio contra los 20 sospechosos detenidos en el atribulado país caribeño. Las autoridades afirmaron que algunos de los sospechosos imaginaban un golpe de Estado, no un asesinato, lo que les permitiría obtener lucrativos contratos bajo una nueva administración.
Entre los sospechosos se encuentran 17 ex soldados colombianos y tres funcionarios haitianos: un ex alcalde, un ex policía y un ex empleado del Ministerio de Justicia de Haití que trabajaba en una unidad anticorrupción. Se encuentran desaparecidos varios sospechosos haitianos clave que escaparon el año pasado después de que una poderosa federación de pandillas allanara las dos cárceles más grandes de Haití, incluyendo a Dimitri Hérard, ex jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití.
Otros tres sospechosos, todos colombianos, fueron asesinados horas después del crimen de Moïse, mientras que un sospechoso clave en el caso, la jueza del Tribunal Superior de Haití, Windelle Coq Thélot, murió en enero mientras aún se encontraba prófuga.
Tribunal sitiado
La investigación se vio suspendida repetidamente por la renuncia de jueces que temían por sus vidas. Los abogados defensores apelaron después de que el tribunal dictaminara que había pruebas suficientes para el juicio. Jean y otros cinco jueces tienen ahora la tarea de reiniciar la investigación. Pero determinar la complicidad entre 51 sospechosos es solo uno de los numerosos desafíos.
El año pasado, poderosas bandas delincuenciales tomaron el control del juzgado del centro de Puerto Príncipe, donde los jueces interrogaban a sospechosos. Las audiencias se suspendieron hasta que el gobierno alquiló una vivienda en Pacot, un barrio que antes se consideraba suficientemente seguro para la embajada francesa. Sin embargo, bandas que controlan el 85% de la capital de Haití atacaron recientemente y obligaron al gobierno a mudarse de nuevo.
Las audiencias se reanudaron en mayo, esta vez en una vivienda particular en Pétion-Ville, una comunidad que intenta defenderse de las bandas que buscan el control total de Puerto Príncipe.
“No pudimos hacer nada”
Mientras un ventilador se movía tranquilamente de fondo, el juez Phemond Damicy interrogó a Ronald Guerrier a finales de mayo.
Guerrier, uno de los varios policías encargados de proteger al presidente, insistió en que nunca entró en la casa de Moïse y que no pudo luchar contra los intrusos porque estaba afectado por una granada aturdidora.
“Los atacantes iban vestidos de negro. Llevaban pasamontañas y nos cegaron con sus linternas. No pude identificar a nadie”, testificó Guerrier, añadiendo que usaron un megáfono para afirmar que eran agentes de la DEA. “Los atacantes actuaron como si estuvieran entrando en su propia casa. Parecía que conocían el lugar a la perfección”.
Damicy preguntó si dispararon a los drones que, según Guerrier, sobrevolaban la casa del presidente.
“Los atacantes cubrieron toda la zona con fuego”, respondió Guerrier. “No pudimos hacer nada”.
Damicy se exasperó. “Bajo ninguna circunstancia un enemigo debería contradecirte impunemente para cometer su crimen”, dijo. “En tu lugar, yo dispararía contra el enemigo. Incluso moriría, si fuera necesario”.
“No lo sé”
En el interior de la sede de la investigación, fuertemente custodiada y construida con piedra y hormigón, ubicada en una frondosa comunidad residencial, las voces alzadas han dominado los tensos interrogatorios.
Un juez se puso de pie y forzó una pregunta sobre un arma: “El día de la muerte del presidente Jovenel Moïse, ¿tenía usted una Galil?”.
En marzo, un juez presionó repetidamente a Joseph Badio, ex funcionario del Ministerio de Justicia que pasó dos años prófugo, sobre su llamada al ex primer ministro Ariel Henry tras el asesinato. En ese momento, Henry solo había sido nombrado primer ministro por Moïse.
“Puede decir lo que quiera con la boca”, le dijo Badio al juez, quien le ordenó sentarse mientras se levantaba para hablar. “No tengo ninguna prohibición de comunicarme con quien quiera”.
La tensión se ha trasladado a los interrogatorios de los sospechosos colombianos, quienes sostienen haber sido contratados por una empresa de seguridad con sede en Miami para brindar seguridad a plantas de energía y tratamiento de agua, así como a funcionarios diplomáticos, además de capacitar a policías y soldados haitianos.
Los colombianos han negado su participación, mientras que su abogada, Nathalie Delisca, afirmó que no hubo presunción de inocencia durante los interrogatorios.
“El trato infligido a los detenidos fue inhumano”, declaró, alegando malos tratos por parte de las autoridades tras su arresto.
Los ex soldados afirmaron haber sido golpeados, amenazados de muerte, obligados a firmar documentos en un idioma que no entienden y prohibidos de comunicarse con sus abogados y familiares durante largos periodos.
“He sido sometido a tratos degradantes. He sido sometido a tortura física y psicológica”, declaró Jheyner Alberto Carmona Flores durante una audiencia reciente.
Hablaba español con voz clara y fuerte, corrigiendo en ocasiones a un intérprete que traducía su testimonio al francés. “No tengo ninguna implicación porque desconozco cuándo ni dónde fue asesinado el presidente”, declaró Carmona Flores, alegando que fue citado para brindar seguridad en el perímetro de la casa de Moïse y que desconocía que el presidente había sido asesinado a tiros.
Trabajando bajo amenaza
Mientras que el caso en Haití está estancado, Estados Unidos ha acusado a 11 sospechosos extraditados, cinco de los cuales ya se han declarado culpables de conspirar para asesinar a Moïse.
Otros cinco sospechosos están a la espera de juicio, programado para marzo de 2026.
Entre ellos se encuentran Anthony “Tony” Intriago, propietario de CTU Security, con sede en Miami, y los haitiano-estadounidenses James Solages, un sospechoso clave, y Christian Emmanuel Sanon, pastor, médico y empresario fracasado que se veía a sí mismo como el nuevo líder de Haití.
Se espera que la viuda de Moïse, Martine Moïse, testifique en el caso estadounidense. Resultó herida en el ataque y un juez haitiano la acusó de complicidad y asociación para delinquir, lo cual sus abogados niegan.
Los documentos judiciales indican que el plan era detener a Jovenel Moïse y llevárselo de inmediato, pero cambió después de que los sospechosos no encontraran un avión ni armas suficientes. Un día antes de la muerte de Moïse, Solages mintió a otros sospechosos diciendo que se trataba de una operación de la CIA y que la misión era asesinar al presidente, según los documentos.
Bruner Ulysse, abogado y profesor de historia en Haití, lamentó cómo la investigación local ha puesto de relieve lo que él llamó “profundos desafíos” en el sistema judicial haitiano.
“Si bien los esfuerzos internacionales han dado algunos resultados, la búsqueda de justicia en Haití sigue siendo difícil de alcanzar”, declaró Ulysse. “Jueces, fiscales y abogados operan bajo constante amenaza”.
