El diputado Miguel Ángel Pichetto podría detonar una crisis terminal en el gobierno si su bloque pudiera llevar a recinto el proyecto de Margarita Stolbizer o el de los lilitos para anular el DNU 656/24, que aumentó en 100000 millones de pesos los gastos reservados de la SIDE. Si esa ampliación presupuestaria entrara en duda, la pelea que tramitan la vicepresidenta Victoria Villarruel y Karina Milei por el control de los organismos de inteligencia y sus recursos podría descarrilarse.
A los argumentos respecto de la imposibilidad legal porque un incremento de esos fondos debe pasar por el Congreso, fuentes parlamentarias le agregan el fastidio del rionegrino, que trepa semana a semana por la impericia de Martín Menem al frente de la Cámara Baja o el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios. El último, tal como reveló LPO, fue el de negarle a Emilio Monzó, miembro de la bancada de Pichetto, un lugar en la Bicameral de Inteligencia.
En ese contexto, la bronca de los opositores más férreos, como los de Unión por la Patria (UP) y el FIT, podría fundirse con los 31 legisladores del pichettismo para impugnar el decreto de Javier Milei que le dio 100 millones de dólares extra al aparato de inteligencia que administra Santiago Caputo. De ese modo, el rechazo superaría holgadamente los 129 votos necesarios para dejar a tiro de nulidad la medida, a la espera de que ocurriera lo mismo en el Senado.
Menem goza provisoriamente de una precaria tranquilidad: el senador libertario Juan Carlos Pagotto mantiene pisada la Bicameral de DNU y, sin un dictamen en contra o a favor, los diputados deben juntar dos tercios para someter la iniciativa a debate en sesión. O en su defecto, los opositores podrían someter el decreto a discusión pasados los primeros diez días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial, según lo dispuesto en la ley 26122, que reglamenta la intervención del Congreso en ese aspecto.
Con todo, la táctica del adormecimiento también alimenta los nervios de los adversarios. De hecho, el propio Pichetto ya retó públicamente a Menem en dos ocasiones por la parálisis legislativa. «Presidente, ponga las comisiones en funcionamiento», reprochó el diputado cuando se le dio media sanción a la Ley Bases, el pasado 30 de abril.
El freno de mano del riojano no es inocente. Mientras las comisiones demoren cada debate o ni siquiera se conformen, el oficialismo controla la actividad parlamentaria con las iniciativas que envíe la Casa Rosada. El caso más patente es la salvaje querella entre libertarios por la presidencia de la Comisión de Juicio Político, donde se suponía que presidiría Marcela Pagano pero Karina Milei y Menem encabezaron un golpe, la reunión constitutiva se suspendió y el cuerpo quedó envuelto en un enchastre institucional que terminó con Oscar Zago eyectado del bloque y Pagano internada con una úlcera sangrante.
Aún si Diputados le bajara el pulgar al DNU que inyectó más de 100 millones de dólares a la SIDE, restaría el abordaje por parte de la Cámara Alta. Allí tallaría fuerte la designación del presidente de la Bicameral de Inteligencia: si la interna del gobierno se dirimiera en favor de Karina y Caputo, quedaría Edgardo Kueider a la cabeza y eso fidelizaría algunas voluntades pero mellaría el apoyo de los senadores que responden a Villarruel.
Pero si la Vicepresidenta prevaleciera sobre la Rosada y Martín Göerling condujera la Bicameral, tal vez se romperían otros lazos. Como sea, en el despacho de Menem sacan cuentas por estas horas por «un acuerdo integral» que evite el hundimiento del decreto que Caputo pergeñó para potenciar su expansión política hacia dentro y fuera del gobierno.
