Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron el procesamiento de los exfejes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sociales y sindicales, periodistas y en las cárceles.

Los representantes del ministerio público fiscal le presentaron al juez federal Juan Pablo Auge un dictamen de 1026 páginas con el que también requirieron se procese a un grupo de exagentes involucrados en las maniobras, a exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, como su extitular Emiliano Blanco, según informaron fuentes judiciales a Télam.

Los fiscales solicitaron que se dicte la falta de mérito para el secretario privado de Mauricio Macri, Santiago Nieto, pero que sea procesada la ex empleada de la oficina de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, por haber recibido información de los espías y haber utilizado los servicios de los agentes para sus propios intereses.

Durante el período comprendido entre los años 2017 a 2019los imputados “formaron parte de una organización ilícita, con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado”.

También por “su pertenencia o vínculos con organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, su carácter de periodistas, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas prohibidas” por la Ley de Inteligencia, sostuvieron los fiscales.

“Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron.

Entre las víctimas del espionaje ilegal, la mayoría fueron dirigentes opositores al gobierno de Mauricio Macri como la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el líder camionaro Hugo Moyano, aunque también hubo espiados dentro del espacio político del ex mandatario, como aquellos que hubieran podido aspirar a sucederlo (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal) o los de mayor afinidad con el peronismo como Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Los integrantes de la organización también “obtuvieron, intercambiaron, analizaron y almacenaron información sobre integrantes y/u organizaciones lícitas de distinto tipo (partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, culturales, estudiantiles, de Derechos Humanos, de familiares de personas privadas de la libertad y/o laborales) que desarrollaban sus actividades lícitas tanto en espacios públicos intramuros como extramuros”, señalaron los fiscales.

En la investigación se recogieron pruebas y testimonios que dan cuenta de que la exsubdirectora de la AFI, Majdalani, le ordenó al exjefe de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, la colocación dispositivos para captación de imágenes y voces en celdas, oficinas, sala de abogados y espacios comunes de la Alcaidía Departamental 3 de La Plata, “Melchor Romero”, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Para los investigadores, el grupo que recopilaba la información de manera ilegal, fue elegido y armados específicamente para esa tarea: un dato que surge de los testimonios recabados en el expediente es que eran denominados por los espías de carrera como “los externos” y en su mayoría venían de trabajar en la Policía de la Ciudad.

El grupo primeramente fue coordinado por el Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia, y luego por Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fuera contratado por Arribas y Majdalani.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas”, según el análisis de los fiscales.

“No queda duda que llevar a cabo un despliegue de semejante alcance y sistematicidad, valiéndose de la estructura y recursos del propio estado, descarta de plano la posibilidad de que agentes de bajo nivel en la estructura jerárquica de la AFI hayan actuado por cuenta propia”, remarcaron los fiscales en el dictamen.

Espionaje en Cárceles
Sobre el espionaje a personas privadas de la libertad, los fiscales escribieron que “se utilizaron distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley, la que al menos una parte sustancial terminó luego en manos de agentes de AFI y con propósitos de espionaje adicionales”.

En el SPF, a partir de la instalación de cámaras para vigilar movimientos de internos individualizados en el contexto de investigaciones judiciales con objeto determinado, el personal de inteligencia del SPF y AFI obtuvo también el acceso a videovigilancia de las víctimas detalladas en el legajo 9 (entre ellos el exvicepredente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez).

A la vez, “por medio del Área de Asuntos Jurídicos de AFI, procedieron a la escucha de conversaciones telefónicas mantenidas por las personas privadas de la libertad, alojadas en el IRIC que correlativamente incluyeron a sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con las que ellos se vinculaban”, sostuvieron los fiscales.

Afirmamos que Emiliano Blanco, máxima autoridad del SPF, junto a Cristian Suriano Director de la DPAI, fueron los encargados de implementar el sistema de recolección, almacenamiento y transmisión de información, valiéndose del conjunto de disposiciones generadas previamente con otros fines declarados, en franca contradicción con la Ley Nacional de Inteligencia y por los mecanismos descriptos”, indicaron.

Los fiscales también sostuvieron que Fernando Carra, ex asesor de Blanco, “recorría las unidades carcelarias del área Metropolitana (CPF CABA, CPF I, CPF II, CPF IV y Unidad 31), recogiendo información sobre las actividades y/o reclamos y/o protestas y/o conflictos de cualquier naturaleza, de las personas allí alojadas, para luego reportar lo obtenido directamente al Director de Análisis de la Información, Cristian Lionel Suriano”.

Dentro del área de jurídicos, que cobró mayor trascendencia en la estructura de la AFI, la voz de mando la llevó en la mayor parte del tiempo Juan Sebastián De Stéfano, uno de los directivos de la AFI que se hizo conocido por haber ido a visitar al juez Luis Carzoglio, que llevaba una causa en la que era investigado Moyano.

En esta parte del expediente, los fiscales solicitaron el procesamiento de los agentes que integraban el grupo de whatsapp conocido como los Super Mario Bross, del que salió la mayor parte de la información que dio origen a la causa.

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