La crisis se centró en el popular PIX, una plataforma digital de micropagos usada decenas de millones de veces al día por los brasileños para todo tipo de transacciones
La lucha del Gobierno de Lula contra las fake news se ha convertido en los últimos días en un boomerang para el Ejecutivo y para el propio presidente. A pesar de que desde el martes el Ejecutivo cuenta oficialmente con un nuevo ministro para la Secretaría de Comunicación (SECOM), Sidônio Palmeira, que sustituyó a Paulo Pimenta, no ha conseguido evitar verse desbordado por la polémica.
Todo ha empezado con la decisión de la Receita Federal de aumentar los controles contra la evasión fiscal en las transacciones superiores a 5.000 reales (826 dólares) realizadas a través de Pix. Pix es un sistema de pago rápido y sin costes que ha supuesto una revolución en el sistema bancario brasileño por su rapidez y ausencia de costes. Sólo en 2024, se realizaron 63.500 millones de transacciones bancarias a través del sistema Pix en Brasil, que movieron 26,4 billones de reales (4,36 billones de dólares), según datos del Banco Central. En comparación con 2023, el uso del Pix en el gigante latinoamericano aumentó un 54,6%.
La noticia de los controles fiscales generó una ola de fake news en la red, según las cuales la Receita Federal habría aplicado impuestos al Pix. Un deepfake, un video manipulado con el ministro de Economía, Fernando Haddad, anunciando el nuevo impuesto, también circuló por las redes. El impacto de esta campaña fue tan grande que, del 4 al 14 de enero, hubo una reducción en el uso del Pix del 6,1% en el volumen de transacciones y del 37,69% en los valores transferidos. Pero fue un video del diputado más votado del país, Nikolas Ferreira, de 28 años, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, el que realmente puso en aprietos al Gobierno. En un mensaje simple y claro, difundido en sus redes sociales con 300 millones de visualizaciones, dejó claro el impasse comunicacional del asunto.
“Los Pix no serán gravados, pero es bueno recordar que incluso las compras en sitios chinos no serían gravadas y luego lo fueron, que no habría sello y luego se puso, que las personas estarían exentas de pagar impuestos y luego no lo estarán, que habría picanha y no la hubo. Sobre el Pix no se pagarán impuestos. Más dudo, puede ser que sí”. En el video, Ferreira se refería a una serie de declaraciones gubernamentales que el propio Gobierno ha contradicho después, como las compras en e-commerce chino, el sellado en los gastos presidenciales, la exención de impuestos para rentas inferiores a cinco mil reales y la reducción del coste de la picanha prometida durante la campaña electoral de Lula. El video tuvo tal repercusión que Lula decidió finalmente revocar esta medida, demostrando así que el problema no eran sólo las fake news, sino que estaba relacionado con su reputación entre los ciudadanos brasileños. La crisis fue tan perturbadora que llevó al presidente a convocar a sus ministros para el próximo lunes. Además, Lula también firmó una medida provisional que impide la aplicación de cualquier impuesto para el Pix.
William Waack escribe en O Estado de São Paulo que “la derrota del Gobierno en el tema del monitoreo de Pix es grave no sólo por el daño causado por las fake news flagrantes, sino sí, por el grado de desconfianza del pueblo, especialmente hacia las autoridades y su comportamiento”. Para el periodista, “el control de las transacciones a través de Pix tiene sentido desde el punto de vista de la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, el Gobierno actual es visto como derrochador y, por tanto, recaudador de impuestos. Por lo tanto, desde el punto de vista de los que utilizan el sistema, tiene todo el sentido del mundo creer que la lucha contra la evasión fiscal no es más que una excusa para, en un futuro no muy lejano, gravar a los que utilizan el Pix. Como la credibilidad de las autoridades es baja, no tiene sentido que digan que eso nunca ocurrirá”, escribió Waack.
En el video, Ferreira también se refirió a uno de los principales puntos de la actual crisis de imagen del Gobierno de Lula, a saber, el hecho de que muchas de sus medidas perjudican principalmente a las clases más pobres. “Los más afectados por esta medida serán los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los conductores de Uber, los pintores, los repartidores de iFood, todos aquellos que luchan a diario por ganarse la vida honradamente”, afirmó el joven político.
Lula, que también debe su fama a su compromiso como sindicalista de la clase obrera, es percibido ahora como distante de las nuevas categorías de trabajadores, en su mayoría jóvenes y con pocos derechos. “El Gobierno ha golpeado la base de la pirámide. El albañil, la limpiadora, personas que tienen una importancia fundamental para la sociedad y que han entrado en pánico. Estas personas recibieron ‘fake news’ de la extrema derecha sobre el Pix, y empezaron a dudar de que fuera cierto. Era tan cierto que el Gobierno dio marcha atrás”, declararon fuentes cercanas al Ejecutivo al sitio de noticias G1.
La marcha atrás de Lula también dividió a su ejecutivo. Para la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, fue correcta. “El Gobierno nunca pretendió gravar el Pix ni imponer un impuesto sobre las transacciones del Pix, cometiendo así una injusticia contra quienes batallan en el sector informal. Para que esta duda no permanezca en la mente de la gente, explotada por la oposición con sus fake news, desinformación y estafas, fue acertado derogarlo. Y los responsables de las mentiras deben ser investigados y castigados”. “La marcha atrás, en la forma en que se hizo, mostró una fragilidad en el Gobierno que no había visto en mucho tiempo”, dijo el senador Ciro Nogueira, el presidente del partido Progresistas (PP), que forma parte del Ejecutivo. “Para mí, el problema no es sólo la comunicación. Es Lula. Parece harto, sin ganas de gobernar. Está blindado. Los problemas llegan a su despacho cuando ya es demasiado tarde para decidir”, agregó.
Muchos expertos, sin embargo, sostienen que es precisamente la comunicación el impasse con el que tropieza el Gobierno, llegando incluso a dividirlo internamente. En el caso del Pix, el ministro de Hacienda Haddad anunció una medida sin trazar una estrategia de comunicación con el nuevo experto de Lula, Sidônio Palmeira, quien, según fuentes de Brasilia, estuvo entre los partidarios de que Lula diera marcha atrás en el asunto del Pix para mitigar la crisis. El cortocircuito de comunicación que afectó al Gobierno se extendió también al Banco Central, ahora dirigido por un leal a Lula, Gabriel Galípolo. Un vídeo publicado en X en el perfil del Banco sobre el asunto del Pix desató una gran polémica . “¡Hola a todos, amantes de las teorías conspirativas y cazadores de tasas para un servicio de pago gratuito! El Banco Central sincero aquí para aliviar los corazoncitos de aquellos que acudieron al Banco Central con la cabeza llena de fake news sobre las tasas cobradas en Pix y el fin del secreto bancario sobre sus finanzas”, dijo el Banco Central, que se dirigió entonces a los ciudadanos con un “Nada cambia en las reglas del Pix, baby”.
La crisis de estos días llegó en un momento crucial de la lucha del Gobierno de Lula contra las fake news. La semana había comenzado con el vencimiento del ultimátum de la Abogacía General de la Unión (AGU) a Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, que había anunciado el fin de su programa de verificación de hechos. El lunes por la tarde llegó la respuesta de la compañía de Mark Zuckerberg, que hizo saber a las autoridades brasileñas que la decisión se aplica por el momento solo a Estados Unidos, donde también se probará un nuevo sistema de notas comunitarias. En su respuesta, Meta también reiteró su compromiso “con la transparencia en el respeto de los derechos humanos y la libertad” de expresión. En concreto, la compañía de Zuckerberg hizo saber que su Política de Conductas de Odio, aunque modificada, “sigue definiendo las características protegidas, que actualmente incluyen raza, etnia, origen nacional, discapacidad, religión, casta, orientación sexual, género, identidad de género y enfermedades graves”. Además, la empresa estadounidense afirmó que seguirá esforzándose por eliminar los contenidos que inciten a la violencia o supongan “amenazas creíbles para la seguridad pública o personal”, así como las publicaciones que contengan información errónea cuando ésta pueda “causar un riesgo de daño físico” o pueda “interferir directamente en el funcionamiento de procesos políticos, como elecciones y censos”. Por último, Meta declaró que los cambios que se están probando pretenden “reducir la extralimitación en la aplicación de las políticas”, de modo que los sistemas automatizados se centren en “infracciones de alta gravedad como terrorismo, explotación sexual infantil, drogas, fraude y estafas”.
Sin embargo, la respuesta de la empresa de Zuckerberg no fue suficiente para la AGU, según la cual “las actuales condiciones de uso de las plataformas, así como los cambios ahora anunciados por Meta, no están en consonancia con la legislación brasileña y no son suficientes para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía”. Por esto, convocó una audiencia pública para el próximo miércoles con representantes del Gobierno, la sociedad civil y expertos en comunicación para debatir la cuestión. “En la reunión se tomará una posición junto con la AGU para ver qué podemos remitir al STF. Somos un país que tiene leyes”, dijo el ministro de la Secretaría de Comunicación, Sidônio Palmeira, tras su toma de posesión el pasado martes.
En su discurso de investidura, Palmeira dijo que las recientes medidas de Meta promueven un “far west digital” para el que es necesaria una regulación. “La población no ve las virtudes del Gobierno”, dijo el ministro, reforzando la necesidad de reforzar la comunicación gubernamental. “Es legítimo luchar por la regulación de las ‘big tech’, pero respetando los poderes conferidos por la Constitución y no por el voluntarismo de quienes se erigen en controladores de la palabra”, reza un editorial del diario O Estado de São Paulo que defiende la constitucionalidad de la ley del Marco Civil de Internet. En particular, su artículo 19, que establece que los proveedores de servicios de Internet sólo pueden ser considerados responsables de los daños resultantes de contenidos publicados por terceros si no cumplen una sentencia que exija su supresión. Este artículo se está debatiendo en el Supremo Tribunal Federal (STF) en los últimos meses y el Gobierno está presionando para que se elimine. “Esta ley es madura y equilibrada y preserva simultáneamente las libertades constitucionales y garantiza el derecho a indemnización a todos los perjudicados. En una democracia debe prevalecer siempre la libertad de expresión con responsabilidad”, concluye el texto del diario brasileño.
