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El Gobierno anticipó $1.900 millones a las obras sociales para tratamientos costosos: cuáles serán las más beneficiadas

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El sindicalismo logró un nuevo alivio para las obras sociales en medio de la pandemia. En dos resoluciones publicadas esta mañana en el Boletín Oficial, que llevan los números 465 y 466, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) instrumentó la ayuda anunciada la semana pasada que permitirá a las obras sociales compensar la caída en la recaudación de abril respecto de marzo, que será de unos 1.200 millones de pesos, y, además, el pago a cuenta de casi 1.900 millones de pesos como adelanto para los reintegros en concepto de prestaciones médicas de alto impacto económico.

De esos 1.900 millones de pesos que se anticiparán del Sistema Unico de Reintegros (SUR), según el listado adjunto de la resolución 466, algunas de las obras sociales que recibirán a cuenta los mayores adelantos de fondos son las siguientes: Comercio, con 284 millones de pesos; trabajadores rurales, 179 millones; UPCN, 95 millones; UOCRA, 94 millones; petroleros, 65 millones; Camioneros, 61 millones; gastronómicos, 55 millones, y metalúrgicos, 40 millones.

Esos fondos corresponden a solicitudes presentadas por las obras sociales en concepto de reintegros de alto impacto económico que están pendientes de cancelación en la Superintendencia de Servicios de Salud al 3 de mayo de 2020 y “aquellas que se presenten en el futuro”, y se otorgarán a cuenta, según la resolución 466, “en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para cumplir con la tarea asignada y la imposibilidad de cumplir con el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares, sumado ello a la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector”.

Las obras sociales, que atienden a unas 14 millones de personas en todo el país, atraviesan un período crítico porque la falta de actividad económica les ocasiona una abrupta baja en la recaudación de los aportes para financiar el sistema y el Gobierno apuró el auxilio porque el esquema de salud que manejan los sindicatos será decisivo para atender los casos de infectados por el COVID-19.

La ayuda adicional de 1.200 millones de pesos que compensará la caída en la recaudación de marzo (en rigor, desde el día 20, en que se dispuso la cuarentena obligatoria) saldrán del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 mediante el decreto 908, que nunca fue utilizado.

La CGT logró más apoyo financiero para las obras sociales

La CGT logró más apoyo financiero para las obras sociales

Ese Fondo está destinado a financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias, los programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, la adquisición de equipamiento tecnológico, la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales”.

De todas formas, los sindicalistas ahora esperan que el presidente Alberto Fernández dicte un DNU para establecer la ayuda adicional a las obras sociales para cubrir la pérdida en la recaudación de abril, mayo y junio, tal como les había prometido el ministro de Salud, Ginés González García.

La CGT había pedido 45.000 millones en tres cuotas (abril, mayo y junio) para cubrir la caída en los aportes para las obras sociales. La cifra, según los sindicalistas, estaba en sintonía con la recaudación del sistema de seguridad social: en el mes de febrero ingresaron aportes a las obras sociales por unos 34.000 millones de pesos. Y, de acuerdo con los dirigentes gremiales, la reducción que se produjo por la parálisis de la actividad debido al aislamiento osciló entre el 50% y el 70% de su nivel habitual.

La semana pasada, el Ministerio de Salud dictó la resolución 941 para concretar la ayuda adicional para las obras sociales, que la Superintendencia de Salud instrumentará ahora con la resolución 465, que dispone en su artículo 2 que el monto del apoyo financiero “será, para cada agente alcanzado por la merma en su recaudación, el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 23.660 (de obras sociales) y aportes del artículo 39 de la Ley Nº 24.977 (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) durante el mes de abril de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de marzo de 2020”.

Las obras sociales brindan atención a unas 14 millones de personas

Las obras sociales brindan atención a unas 14 millones de personas

Esto significa que el dinero se repartirá a cada obra social en función de la baja en la recaudación que figura oficialmente en los registros de la AFIP: “Si una obra social tiene certificada una caída del 70%, recibirá una compensación por ese porcentaje, y si alguna no tuvo ninguna alteración, no recibirá nada”, les había prometido a los sindicalistas el ministro de Salud cuando el 23 de abril, en una videollamada, habló de una ayuda adicional para las obras sociales mediante un DNU.

La ayuda adicional que dispuso el Gobierno servirá para pagar no sólo el sueldo a los empleados de las obras sociales, sino también todos los gastos que tengan vinculados con las clínicas, los sanatorios, los medicamentos y los gastos normales, incluso los salarios de los médicos y los enfermeros.

Por otra parte, el pago de los casi 1.900 millones, oficializado en la resolución 466 de la Superintendencia de Servicios de Salud, será a cuenta para que las obras sociales paguen los reintegros por prestaciones consideradas de alto impacto económico, como el tratamiento y los medicamentos de oncología, discapacidad, transplantes, HIV-SIDA y drogadependencia, entre otras.

El criterio de distribución de los fondos será transparente y automático en la medida en que figure en los registros de la AFIP, con lo cual se evitarán polémicas sobre manejos discrecionales para el reparto del dinero, como sucede desde hace dos meses con el reparto de las partidas del Fondo de Redistribución que el Estado les debe a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. En marzo y abril se devolvieron 2.800 millones y 4.000 millones, respectivamente.

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Politica

La marcha atrás de Alberto con el recorte al Ife intensifica el debate sobre de dónde saldrán los recursos de la ayuda estatal

El Gobierno tuvo que ceder a las múltiples presiones, ante la constatación de que un recorte complicaría a las provincias. Crecen las tensiones internas

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El Gobierno volvió a experimentar en carne propia las dificultades para hacer que las medidas nacidas en teoría como ayudas transitorias no terminen convirtiéndose en un salvavidas permanente.

La marcha atrás con el recorte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las provincias que están en la fase flexible de la cuarentena dejó en claro las presiones a las que está sometido Alberto Fernández. Todos, desde los sindicatos a los empresarios, desde la oposición hasta el núcleo duro kirchnerista, desde los gobernadores hasta las organizaciones sociales, le piden que mantenga abierta la canilla de la asistencia, a pesar de las señales de insostenibilidad fiscal de esa política.

En la reunión por conferencia con los gobernadores, se justificó el mantenimiento del IFE –que pagará íntegramente su tercera cuota, a un costo de $90.000 millones-, con el argumento, según palabras del Presidente, de que gracias a esta medida se logrará “que millones de argentinos no caigan en la pobreza”.

Una explicación que podría sonar extraña cuando apenas dos semanas antes el mismo Fernández había anunciado que el IFE sólo justificaba ser mantenido para aquellas zonas del país que se mantenían bajo régimen de cuarentena estricta.

Esto implicaba dejar sin cobertura a más de la mitad de los beneficiarios, lo cual de inmediato encendió las alarmas por parte de quienes vieron que el alivio de la cuarentena, lejos de representar una mejora en la calidad de vida, podría significar el inicio de peores penurias en varias zonas del país, como consecuencia del recorte de la ayuda estatal.

Enseguida se hizo evidente el impacto político de ese recorte en provincias de fuerte peso sobre la opinión pública del interior del país, como Córdoba y Santa Fe. El hecho de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, haya confirmado que Córdoba dejaría de recibir 391.000 coberturas –dos tercios respecto del régimen inicial- fue la principal noticia política.

El tema fue objeto de reclamos por parte de organizaciones sociales y causó preocupación entre los gobernadores, que iniciaron gestiones ante la Casa Rosada para tratar de atenuar el recorte.

Y llevó a reclamos por parte de los sectores kirchneristas del Gobierno: luego de conocerse la reacción positiva del mercado por la nueva propuesta del canje de la deuda, hubo una presión para que se revisara la dureza del recorte. En ese sentido, según reveló la titular de Anses, Fernanda Raverta, se comenzó a evaluar si la capital cordobesa podría mantener el ingreso de los IFE que habían sido anulados cuando la provincia pasó a la fase flexible de la cuarentena.

Pero una medida que atendiera a algunas regiones y no a otra implicaba para el Gobierno la apertura de frentes de conflicto con los gobernadores. Rápidamente se consolidó la idea en el gabinete de que el recorte del IFE no podría ser levantado parcialmente sin recibir acusaciones de favoritismos y discriminación.

Fue así que la idea original de aplicar pagos diferenciados según en qué estadío de la cuarentena se encuentren resultó un criterio políticamente antipático y difícil de sostener. Al anunciar la marcha atrás de la medida, el Presidente destacó el esfuerzo fiscal y dio a entender que luego del pago del tercer IFE, probablemente ya no habrá una continuación en la medida.

Pero lo cierto es que el Gobierno logró una paz transitoria por un mes. Nadie en el Gobierno se atreve hoy a afirmar que el recorte pueda efectivamente realizarse.

Después de todo, ya van varios intentos fallidos por cortar las asistencias más onerosas. Por caso, se había anunciado que el programa ATP de asistencia salarial quedaría acotado a las pymes, pero el lobby empresarial llevó a que Alberto Fernández revisara la medida.El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, fue quien lideró la gestión para que Alberto Fernández mantuviera el IFEEl gobernador cordobés, Juan Schiaretti, fue quien lideró la gestión para que Alberto Fernández mantuviera el IFE

Y ahora, las felicitaciones y agradecimientos de los gobernadores al Presidente por la extensión del IFE dejan al descubierto que había habido pedidos desesperados para que no se cortar la asistencia.

“Celebramos que el gobierno nacional haya extendido el IFE un mes más, beneficiando de manera directa a 738 mil cordobeses con esta medida”, comentó en las redes el gobernador Juan Schiaretti. Mientras que su colega jujeño, el opositor Gerardo Morales, también agradeció públicamente, tanto por el IFE como por la continuidad del programa salarial ATP y por la prórroga de los préstamos tomados por Jujuy con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La elocuencia de la tijera

El lobby que obligó al Gobierno a revisar su decisión resulta comprensible cuando se observan de cerca las cifras en juego.

Por caso, se estima que si se hubiese mantenido el recorte del IFE y otros rubros, el Estado se ahorraría –y, por consiguientes, varias provincias dejarían de cobrar- unos $51.000 millones, el 54% de la masa inicialmente destinada a la asistencia para el sector de informales y desocupados.

A la cabeza de los que más perderían por se encuentran Córdoba –que dejaría de recibir $7.400 millones del IFE-, Santa Fe -$6.800 millones-, Tucumán -$3.900 millones-,  Salta -$3.600 millones- y Mendoza -$3.500 millones-.

Pero claro, ese es el ranking si se mide la pérdida en monto total de dinero, por lo cual es natural que las provincias con mayor población sean las que aparezcan como más afectadas. En cambio, si se considera lo que se dejaría de percibir por los recortes en el IFE y el programa salarial ATP pero no en términos nominales sino por su importancia respecto de toda la masa salarial, las que más perderían son las provincias pequeñas.

Así, Santiago del Estero se quedaría sin recursos equivalentes a un impactante 78% de su masa salarial total –sumando privados y estatales-, mientras que Misiones perdería un 40% y Formosa un 39%, de acuerdo a la estimación realizada por la Fundación Mediterránea.

Presiones desde el kirchnerismo

La elocuencia de los números llevaron a un debate interno sobre qué tan rápido debe ser el avance del recorte. Hay reticencias a un programa de asistencia “low cost”, lo cual ha quedado evidenciado en las múltiples marchas y contramarchas.

Si bien por un lado la situación fiscal es apremiante y las medidas de asistencia fueron desde un inicio planteadas como medidas de excepción, también por otra parte hay quienes, dentro de la coalición de gobierno, alegan que no se puede realizar un recorte abrupto sin arriesgar un agravamiento de la situación social.

El argumento es que la flexibilización de la cuarentena no supone un alivio inmediato para los desocupados ni trabajadores informales, lo cual es visto por sectores kirchneristas como un riesgo de que el propio Gobierno fomente un agravamiento de la desigualdad social previa al efecto coronavirus.

Por otra parte, una reapertura formal no implica una reactivación de hecho, sobre todo en aquellos rubros de la actividad que, por su propia naturaleza, dependen de un contacto humano que está vedado por la pandemia, tales como el turismo, el transporte, los espectáculos y la gastronomía.

De hecho, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, fue una de las más explícitas en reconocer la gravedad de la situación, al justificar la ampliación de la moratoria impositiva, que incluya no sólo a las pyme –como estaba previsto en la versión original de diciembre- sino a prácticamente todo el universo de contribuyentes, desde monotributistas hasta las grandes empresas.

Y se mostró favorable a que las medidas vayan más lejos de lo que suelen ser los planes de pagos para contribuyentes atrasados. “El dato más importante es que hay quita de intereses, por eso la moratoria tiene que salir por ley, no puede decidirlo la AFIP por sí misma”, detalló la titular de AFIP, que en el último mes sufrió una caída de 16,2% en términos reales.La AFIP sufrió una desplome histórico de 20% real desde que inició la cuarentenaLa AFIP sufrió una desplome histórico de 20% real en la recaudacion desde que inició la cuarentena

Desde las usinas de pensamiento kirchnerista se intensificó el lobby luego de oficializada la nueva oferta para el canje de la deuda. Con el tema en vías de ser despejado, la propuesta es que Alberto Fernández acelere la conformación de un programa económico de emergencia.

Y el reclamo es que eso incluya las actuales asistencias de los programas ATP para pagar salarios y el IFE en todo el país, al tiempo que se inicie un plan de obra pública y vivienda.

Hay, incluso, motivos políticos para esa postura. En el kirchnerismo no quieren arriesgarse a que desde la oposición los “corran por izquierda” en el tema de la asistencia social, uno de los puntos que conforman el núcleo del discurso peronista.

Ese riesgo ya se había empezado a notar, por ejemplo en la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado radical Luis Petri, que propuso la extensión del IFE hasta septiembre y, además, la actualización de su monto de acuerdo a la inflación que mide el Indec.

Buscando los recursos
Claro que ahora se intensifica el otro gran debate interno: de dónde saldrán los recursos para sostener la asistencia, en un momento de debilidad fiscal. Y ya se insinúa la confrontación entre “halcones y palomas”.

Desde los propios medios afines al Gobierno, en especial los ligados al kirchnerismo duro, han hecho advertencias sobre las consecuencias de un excesivo celo por el equilibrio en las cuentas, inducido por “presiones y críticas del establishment”.

Según ese punto de vista, los funcionarios del equipo económico están incurriendo en señales peligrosas, tanto por la propuesta de recorte en los planes de asistencia como por la reversión de la expansión monetaria, un cambio de actitud que se evidenció en la absorción de liquidez hecha por el Banco Central.

Lo cierto es que con el retiro de $335.000 millones realizado en junio, más lo que se había absorbido en mayo, el organismo que conduce Miguel Pesce ya retiró casi la mitad del billón de pesos emitidos desde el inicio de la cuarentena.

Para el sector del Gobierno menos proclive al ajuste, este tipo de medidas equivale casi a una claudicación, porque se interpreta esa actitud como –según afirma una nota editorial- una “posición tímida por la amenaza ortodoxa de eventuales desbordes en la pospandemia”.

La postura del sector duro es que habrá tiempo para acomodar variables fiscales y monetarias cuando se comience a transitar el camino de la recuperación. Y, de hecho, es la tesitura que ha defendido el ministro Martín Guzmán, que mantiene una pulseada con Pesce, porque éste le reclama mayores tasas de interés para evitar un desborde monetario.

Con los $100.000 millones que le giraron al Tesoro la semana pasada, Guzmán ya recibió, en lo que va del año, $940.000 millones por concepto de “utilidades” del Banco Central, más otros $312.000 millones de adelantos transitorios.

Por cierto que esas “utilidades” no son otra cosas que ganancias contables, generadas por la gran devaluación del peso durante 2019.

Mientras tanto, desde el kirchnerismo duro se sigue intensificando la presión para que Alberto Fernández avance en temas en los que hasta ahora se ha mostrado remiso, como por ejemplo la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, así como una mayor presión en el impuesto a los Bienes Personales.

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Gustavo Martínez: “Resistencia va a notar la recuperación de todas nuestras especies de arboles”

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Lo dijo el intendente de la ciudad capitalina en el marco de un nuevo operativo de poda controlada que el municipio lleva adelante en el micro, macro centro y alrededores en respuesta a demandas que desde hace muchos años realizan los vecinos. Durante la jornada del sábado, los trabajos se extendieron a lo largo de la calle Entre Ríos desde el 0 hasta el 800.

Esta intervención contó con un equipo de 25 personas que contaron con grúas, podadoras y motosierras de altura. Mientras otra unidad se dedicó a la limpieza de la vía publica con barrido y juntado de ramas.

Los vecinos pueden comunicarse a través del mail arboladoresistencia@gmail.com o las redes sociales “Subsecretaria de Sistema Lacustre y Pulmones Verdes” en Instagram y Facebook para solicitar los servicios del personal municipal.

Gustavo Martínez señaló que “hace muchos años que los vecinos del micro y macro centro reclamaban estas tareas, por eso en lo que va del año se ha podado cerca de 9 kilómetros lineales en este sector y en algunos barrios, como el Güiraldes o el Barberán”.

En igual sintonía, destacó que “la idea es que por primera vez el área de Paseos y Jardines con la Subsecretaria de Sistema Lacustre y Pulmones Verdes pueda trabar articuladamente con todo el equipo que disponemos y el personal capacitado para recuperar las especies de árboles que tenemos en los distintos puntos de la ciudad”, y agregó que “la meta es llegar al 30 de agosto con la mayor cantidad de calles saneadas, recuperando el ingreso de la luz solar y del aire”.

El secretario de Servicios Públicos, Claudio Westtein, remarcó que “el Municipio tiene que desarrollar acciones planificadas tendientes ofrecer una respuesta integral para las demandas de los vecinos”, y añadió que “Además de la poda, se verifica el estado de los árboles para darle mantenimiento o extraerlo en caso de necesitarlo”.

El subsecretario de Sistema Lacustres y Pulmones Verdes, Matías Arce, sostuvo que “que este operativo que abarca la calle Entre Ríos se finiquitará el lunes para avanzar en la calle Corrientes”, y recordó que “durante la semana pasada se culminaron las tareas en la calle Formosa”.

Asimismo, explicó que “luego del 30 de agosto, con la finalización de la temporada de poda, se procederá a concretar los trabajos de despeje de luminaria, despeje de cableado eléctrico y extracciones de árboles”.

El director General de Paseos y Jardines, Maximiliano Tononi, detalló que “esta iniciativa tiene previsto llegar a la mayor cantidad de zonas hasta agosto”. En un mismo sentido, comentó que “hay lugares que son un poco más estables y solo requieren finiquitar pormenores”.

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Se izó la bandera oficial de Resistencia en la Plaza España

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La Ciudad de Resistencia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, elevó en el mástil mayor de la Plaza España su nuevo pabellón oficial, que el próximo 17 de julio cumplirá su primer aniversario.

Esta iniciativa posee el objetivo de acercar el emblema a los barrios e instituciones para que los vecinos lo conozcan y se familiaricen con este símbolo local. En esta ocasión participó el taller de arte de Fabiana Russo.

La secretaria de Desarrollo Humano e Identidad, Laura Balbis, explicó que “la idea es que las personas puedan conocer la bandera de Resistencia, para eso recorrimos diferentes centros comunitarios en los vecindarios para que la gente se familiarice con esta insignia”, y agregó que “además se transitarán las distintas plazas para izar la bandera con personas conocidas y representativas de nuestra comunidad, como en esta oportunidad lo es Fabiana Russo”.

La concejal Katia Blanc remarcó que “el taller de arte de Fabiana Russo fue una de las instituciones que se sumaron para dar a conocer la bandera de Resistencia”, y añadió que “los chicos que asisten al taller realizaron sus propias creaciones con lo que tenían en sus casas”.

La artista Fabiana Russo sostuvo que “fue un honor poder enarbolar la bandera y más en estas fechas patrias tan importantes”. En una misma línea, señaló que “las autoridades municipales nos hicieron extensiva la invitación para que los niños conozcan la bandera de Resistencia, la cual es muy nueva”.

Asimismo, destacó que “desde sus casas, los chicos dibujaron y pintaron la bandera en hojas, mientras que otros realizaron intervenciones con modelado, también se les explicó qué significa cada color, cada símbolo y también se les enseñó quien la creó”.

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