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Fernández pidió “un poco más de esfuerzo” a los chaqueños frente al aislamiento obligatorio

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El presidente Alberto Fernández respaldó hoy a la provincia de Chaco que, junto con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, inician mañana una fase de mayores restricciones a la circulación, al tiempo que le pidió “un poco más de esfuerzo” a los chaqueños para sostener el aislamiento social y frenar los contagios.

“Hay que atender todos los casos porque todos reclaman atención; cada uno con su peculiaridad. Lo que no podemos es descuidar” el avance de la pandemia, señaló Fernández, tras escuchar el informe de situación del gobernador Jorge Capitanich, con quien hoy mantuvo una videoconferencia.

Chaco registra 1.961 contagios de Covid-19 y 96 fallecidos, lo que coloca a la provincia en el mismo nivel de alerta que el AMBA y una zona de Río Negro y otra de Neuquén, frente al resto del país (85 por ciento) que no registra casos y transita desde el 7 de junio la etapa de distanciamiento social en vez de aislamiento obligatorio.

Por ese motivo, a diferencia del 85 por ciento del país que de a poco va retomando actividades, estas áreas comenzarán mañana a implementar medidas aún más restrictivas que las tomadas en las últimas etapas de la cuarentena, sobre todo en los medios de transporte que sólo podrán ser utilizados por trabajadores esenciales con sus permisos.

“La experiencia me dice que hay que tener un poco de miedo a la cuarentena inteligente, porque es dejar alguna parte de la sociedad en libertad de acción como si a ellos el riesgo no les tocara”, dijo Fernández respecto a otras modalidades como las aplicadas en Chile y Suecia, donde se deja a parte de la sociedad en libertad de acción y que, a su juicio, “no frena la circulación del virus”, que es lo que se requiere para evitar contagios.

Agregó que “el virus no diferencia entre inteligentes y menos inteligentes, buenos y malos, peronistas y radicales, ataca a todos por igual”, dijo el jefe de Estado, desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García.

Del otro lado de la pantalla, Capitanich hizo un informe de la situación en su provincia, acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Viazzotti y la ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez, además de funcionarios de la cartera de Salud de la Nación que viajaron especialmente a la provincia a pedido del Presidente.

Para superar las dificultades en la provincia, el gobernador pidió al Presidente el envío de profesionales de la salud y de efectivos de seguridad.

“Necesitamos más terapistas, más médicos clínicos que nos ayuden, más médicos especializados y otros profesionales de la salud con el objeto de mejorar la situación de casos críticos de la enfermedad y en áreas críticas del territorio, como son El Sauzalito y Presidencia Roque Sáenz Peña, precisó.

Dijo que el aporte adicional de efectivos de Gendarmería, en particular, se sumará a las actividades que ya realiza el Ejército Argentino para “ayudar en logística y operaciones” y “potenciar el cumplimiento de la cuarentena”, sobre todo en esta nueva fase de mayores restricciones que comienza mañana.

“Con mejor atención médica, con mejor capacidad de fuerzas de seguridad y mejor regulación inteligente de la pandemia vamos a poder trazar un horizonte de salida para habilitar en forma progresiva actividades pero resguardando la conducta social”, dijo Capitanich que, no obstante, aclaró que hasta ahora “se utilizó entre el 8 y el 15 por ciento de la capacidad instalada de la infraestructura sanitaria, según los días” y “se garantizó la atención adecuada de los pacientes”.

Por su parte, el jefe de Estado se comprometió a atender los pedidos del gobernador en cuanto al refuerzo de personal en el sistema de salud y el envío de gendarmes y personal de las Fuerzas Armadas y asumió que “la pandemia deja al descubierto las debilidades de la Argentina, sus problemas estructurales”.

 

Para brindar una solución, Alberto Fernández adelantó que analizará la “posibilidad” de que aquellas provincias con pocos casos puedan enviar terapistas a entrenar al personal médico del Chaco.

En ese sentido, el mandatario resaltó la necesidad de “coordinar el esfuerzo entre la Nación y la provincia para contener la situación” y recordó que por esa razón viajaron a Resistencia Vizzotti, el infectólogo Gustavo Lopardo, que integra el Comité de Expertos que lo asesora.

Fernández le dijo al gobernador que pidió a los funcionarios nacionales de la cartera de Salud que “construyan un plan de acción para ver de qué modo se desarrolla el programa Detectar” en esa provincia, ya que “está dando muy buenos resultados” para identificar el foco de contagios y sus grupos de cercanía y aislar a quienes haga falta, tal como sucedió en Villa Itatí y los barrios Azul, Padre Mugica y Padri Ricciardelli, en el Amba.

El jefe de Estado dejó claro que “no es un problema de mala gestión del Chaco” que el virus esté circulando en la provincia, ni que la provincia sea “un mal alumno” cuando el gobernador lamentó que “provincias aledañas o limítrofes tienen menos casos” que la suya y que esto era “claramente una expresión” de que era “el peor del grado”.

El presidente Fernández pidió a los chaqueños “un poco más de esfuerzo” y ante el pedido de Capitanich de más terapistas y médicos, el jefe de Estado se comprometió a atender el problema, así como a enviar gendarmes y personal de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, el jefe de Estado manifestó su voluntad de que la tasa de mortalidad “baje” en Chaco a “por lo menos al promedio del país” y calificó a Capitanich como un “político preparado e inteligente” que “hizo las cosas bien” al tiempo que van a seguir apoyando a Chaco con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que reciben 350 mil personas.

 

“Si no se hubiese hecho la cuarentena los resultados serían horribles hoy en el Chaco. En este momento nos olvidamos de las diferencias políticas porque no nos va a perdonar la gente”, concluyó.

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Capitanich y Meoni restablecieron parte del servicio ferroviario en el Gran Resistencia

El servicio tiene un recorrido de siete kilómetros y une la capital provincial con Fontana, a un costo del boleto de 5 pesos, cinco veces menor al del transporte automotor de pasajeros.

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El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, restablecieron este lunes de manera parcial el servicio ferroviario entre Resistencia y Fontana a través de una teleconferencia, en la que se informó que el tramo será operado por Trenes Argentinos en lo que se denomina “trenes de cercanía”.

El servicio tiene un recorrido de siete kilómetros, a un costo del boleto de 5 pesos, cinco veces menor al del transporte automotor de pasajeros, en los tres viajes ida y vuelta entre las primeras horas de la mañana y el mediodía.

Meoni sostuvo que la puesta en marcha del servicio ferroviario “fue retrasado por la pandemia, pero felizmente hoy el tren volvió a ponerse en movimiento” y anticipó que “se van a sumar dos formaciones más” para llegar a otras localidades: Puerto Vilelas y Puerto Tirol.

La teleconferencia entre el ministro Mario Meoni y el gobernador Jorge Capitanich.

La teleconferencia entre el ministro Mario Meoni y el gobernador Jorge Capitanich.

También se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para “conectar a la brevedad” el servicio ferroviario hasta otras localidades chaqueñas así como con Cote Lai y Charadai y Los Amores, en el norte santafecino, y entre Presidencia Roque Sáenz Peña y Chorotis.

El funcionario nacional manifestó la decisión de “reparar las vías” con el propósito de “poner a circular un servicio con pasajeros seguro” para que “esto se pueda mantener en el tiempo”, ya que hubo “trenes que funcionaban 30 o 60 días y luego se paraban por años”.

A su vez, informó que se firmarán en breve convenios complementarios con el Gobierno de la República Popular China “para completar la red de carga de la zona norte del país, tanto del NOA y el NEA, para posibilitar el traslado de mayor cantidad de productos primarios o con agregados de valor para llegar hasta la hidrovía Paraná-Paraguay”.

En ese sentido, apuntó que “en esto ya se está trabajando, conectando al puerto de Barranqueras, incorporado ya dentro del esquema de la hidrovía con la posibilidad de darle más competitividad a toda la zona norte del país, lo que muchas veces ese costo logístico hace que haya o no más producción o se tenga valor agregado a la materia prima”.

Capitanich valoró la decisión del Gobierno nacional de volver a poner en funcionamiento el servicio ferroviario, que dejó operar en 2017 por decisión de la anterior gestión.
“Es una gran noticia”; esto “requiere un programa de inversiones, que sabemos será en una etapa gradual y progresiva”, agregó el gobernador chaqueño.

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La comisión bicameral validó el DNU que derogó la intervención de Vicentin

El cuerpo presidido por el diputado Marcos Cleri validó el nuevo DNU que deja sin efecto la medida.

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La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), avanzó hoy en el proceso de ratificación de la derogación del decreto que en junio último había dispuesto la intervención de la cerealera Vicentin y validó el nuevo DNU que deja sin efecto la medida.

Al iniciar la reunión, Cleri defendió la validez del decreto 636 del Poder Ejecutivo, que deroga el que había dispuesto la intervención, y sostuvo que, con aquella medida, “se buscaba la continuidad de la empresa para salvaguardar los derechos de los acreedores”.

“Se buscó poder llevar tranquilidad y certeza” a quienes Vicentin les adeuda compromisos de pagos, insistió Cleri.

De todos modos, el diputado del Frente de Todos por Santa Fe precisó que la oposición tendrá tiempo hasta mañana para presentar dictámenes de minoría, ya que si bien avalaron la derogación del DNU, criticaron los fundamentos incluidos en la medida.

Tras detallar el irregular manejo de la empresa por parte de sus directivos, Cleri precisó que la cerealera “tiene 27 mil trabajadores, 2700 acreedores y una deuda total de 1.500 millones de dolares” y recordó que desde que se dispuso la intervención “hubo muchas medidas de obstrucción por parte de accionistas y del juez”.

En ese sentido, el legislador destacó la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto la intervención “y seguir avanzando en las causas para recuperar las acreencias del Poder Ejecutivo”.

“Hay juicios en la justicia federal y provincial de Reconquista sobre las garantías inmobiliarias que el grupo Vicentín tenía y que el Estado está tratando de recuperar”, graficó Cleri.

Desde Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli dijo que si bien ese bloque opositor está “de acuerdo con la validez” del decreto 636, sostuvo que el presidente Alberto Fenández “debería tener presente, con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios”.

“Admitiendo que hayan sido nobles los objetivos que el Presidente persiguió, el método elegido fue una gran equivocación y una gran ilegalidad, porque el fin no justifica los medios”, aseveró el diputado nacional del PRO.

Para Tonelli, “el presidente hizo bien en derogar el decreto, pero no con los fundamentos adecuados” y cuestionó que el mandatario “se haya referido a la obstrucción de la justicia” por considerar que “el juez sólo hizo ejercer la competencia que la ley de quiebras le atribuye”.

Más adelante, se produjo un contrapunto entre Tonelli y Cleri, en el cual intervino la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien pidió terminar con ese debate y planteó que “no se trataba de una charla personal”, tras lo cual el diputado del PRO recomendó a la senadora mendocina que guardara silencio.

“Que se calle”, pidió Tonelli y luego se negó a pedirle disculpas a Fernández Sagasti cuando se le reclamó que se retractara en su actitud.

El legislador de Juntos por el Cambio remarcó que “no pediría disculpas a nadie”.

En ese contexto, diputados de la oposición cuestionaron el funcionamiento de la comisión y criticaron que se haya convocado a la reunión sin las 48 horas hábiles de anticipación reglamentarias, aunque coincidieron con que era atinada la derogación del DNU de intervención de Vicentin.

El radical Luis Petri cuestionó a Cleri “por haber opinado sobre el tema” y sostuvo que “desde la presidencia, usted debe ordenar el debate”.

“Está en todo su derecho a opinar, pero ceda la presidencia al vicepresidente porque genera un clima enrarecido respecto del funcionamiento de la comisión. Usted tiene que ser ecuánime”, expresó.

Cleri aclaró que expuso su opinión sobre Vicentín por ser oriundo de la provincia de Santa Fe y con el fin de “aportar datos importantes” sobre la situación de la empresa.

Al finalizar la reunión, Fernández Sagasti -quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación de la cereralera- puso de relieve que “el único fin que tenia el Estado para disponer la intervención era asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo de productores que entregaron sus granos y fueron totalmente estafados”.

Tras sostener que la intervención de Vicentin fue “absolutamente constitucional y republicana”, coincidió con el Presidente en sostener que hubo una “actitud obstruccionista” por parte de la Justicia de Santa Fe y marcó el “escandaloso proceso de vaciamiento de la empresa que se produjo durante este mes y medio, con ayuda política de la oposición”.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el vienes pasado que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera “conocer cuál es el pasivo real de la compañía” por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

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Para Nicolás Rodríguez Saá, Casal “está próximo al juicio político”

El diputado participará esta tarde de la reunión de la comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal, que evaluará la conducta de Casal y los pedidos de juicio político en su contra.

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El vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Nicolás Rodríguez Saá, informó esta tarde que se impulsará el proceso de juicio político para el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, por “mal desempeño de sus funciones”.

“Como vicepresidente de la comisión de Juicio Político quiero anunciar que vamos a llevar adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde bajo las normas que rigen el reglamento de la Cámara para iniciar el juicio político a Eduardo Casal por mal desempeño de sus funciones”, precisó el diputado.

Rodríguez Saá formuló el anuncio esta tarde durante la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación que se desarrolla por videoconferencia y de la que participan senadores y diputados del oficialismo y de la oposición.

El presidente de la Bicameral, el senador Martín Doñate, señaló por su parte que se remitirán para tal fin los 12 pedidos de juicio político que obran en ese cuerpo a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

Más temprano, el diputado del Frente de Todos había advertido que el juicio político contra Casal se justifica porque el funcionario tiene “doble vara según los fiscales que tiene que controlar”.

En diálogo con Télam, el legislador nacional puso como ejemplo que “al fiscal Carlos Stornelli le dilató la sanción y no quiso presentar el informe al Congreso con la excusa de la pandemia”.

Según Rodríguez Saá, Casal “puso como excusa la pandemia para no entregar información a la bicameral”, algo que consideró “contradictorio con las 367 resoluciones que lleva realizadas hasta el momento, donde dispuso subrogancias, interinatos, oficializó ascensos y habilitó auxiliares fiscales”.

“El procurador interino está próximo al juicio político: pediremos la presencia de testigos, careos y lo citaremos para sancionarlo con todo el peso de la ley”, enfatizó el diputado nacional.

La comisión que preside Doñate impulsó pedidos de informes a Casal vinculados con sus actuaciones, a partir de la cantidad de solicitudes de juicio político en su contra por parte de agrupaciones y profesionales, quienes le achacan “incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de poder”.

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