Hasta ahora, el aumento de costos también se ha visto afectado por el fuerte fortalecimiento del dólar frente al real
En Brasil ha estallado una guerra de precios. Tras la polémica por la inflación en el sector alimentario, ayer la gasolina y el gasóleo subieron un 7,1%, o 0,10 reales, y un 5,3%, o 0,06 reales, respectivamente. Esta subida, debida al aumento del impuesto sobre la circulación de bienes y servicios de cada Estado, el llamado ICMS, es, sin embargo, sólo un anticipo de lo que espera a los consumidores brasileños. Ayer, de hecho, la petrolera nacional Petrobras anunció un ajuste en el precio del gasóleo para los distribuidores que aumentará un 6,89%, es decir, 0,22 reales por litro. Recordemos que el coste del gasóleo repercute en el coste del transporte y, por tanto, también en las mercancías transportadas, como los alimentos, que corren el riesgo de sufrir un nuevo aumento.
Es precisamente en el sector alimentario donde la guerra lleva ya semanas. En enero, el IPCA-15, indicador considerado anticipo de la inflación oficial, aumentó un 0,11%. A pesar de una ralentización con respecto a diciembre, cuando se situó en el 0,34%, el índice siguió impulsado por el sector de la alimentación y las bebidas, que subió un 1,06% en enero. El café, en particular, uno de los productos icónicos de Brasil, ha alcanzado su precio más alto en 50 años, debido a la sequía, los tipos de cambio y el aumento de las exportaciones. En 2024 aumentó un 40% respecto a 2023, mientras que en solo un mes, de diciembre pasado a enero, el incremento fue del 6,9%. Mientras tanto, en Brasil, la gente hace lo que puede para limitar los daños. En la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo, que es un gran productor de café, el alcalde Rodrigo Manga anunció en sus redes sociales que las empresas tostadoras no pagarán el impuesto predial, el llamado IPTU, y obtendrán un descuento del 50% en todos los demás impuestos municipales.
Según los últimos datos del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, las tres ciudades del país donde el aumento de los precios de los alimentos fue mayor son San Pablo, con un 10,07%, Goiânia, en el estado de Goiás, con un 10,65%, y Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, con un 10,07%. Se trata de ciudades donde el consumo de carne de vacuno es muy elevado y su precio ha subido hasta un 31,32%. Según Felipe Nunes, fundador de la empresa de sondeos Quaest, estas cifras han contribuido al empeoramiento de la popularidad del Gobierno. Su último sondeo, publicado el 27 de enero, reveló que el 49% de los brasileños desaprueba al actual Ejecutivo, superando por primera vez desde el inicio de esta legislatura a los que lo aprueban. Además, para el 83% de los encuestados en enero, la inflación de los alimentos ha aumentado en el último mes, frente al 65% de los que respondieron afirmativamente a la misma pregunta en octubre. Según Nunes, “la subida de los precios de los alimentos ha alcanzado al mayor número de brasileños de toda nuestra serie histórica, lo que refuerza su importancia para explicar esta fuerte caída de la popularidad del Gobierno”.
La guerra de precios también ha desatado la polémica sobre la comunicación del Ejecutivo. La semana pasada, el ministro de Civil, Rui Costa, había anunciado una “acción conjunta” para reducir el precio de los alimentos, que incluía la posibilidad de flexibilizar su fecha de caducidad. Sin embargo, Costa se vio obligado a dar marcha atrás ante las protestas de muchos consumidores, que temían que el Gobierno adoptara medidas artificiales con un importante impacto fiscal. Mientras tanto, los ministros de Lula siguen discutiendo posibles medidas para bajar el precio de los alimentos, como la reducción de las tasas de importación de productos como el maíz. “El maíz en el mercado interno es un poco más caro que en el mercado internacional. No queremos hacer ningún tipo de intervención heterodoxa. Somos exportadores de alimentos, pero no es posible que nuestros alimentos sean más caros aquí que en el extranjero. Podríamos bajar las tarifas”, dijo el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro.
La otra estrategia que el propio Lula anunció en su primer discurso del año a la prensa el jueves es aumentar la oferta de productos para reducir el precio, siguiendo la regla de la competencia de mercado. La idea es la de un nuevo plan agrícola nacional para estimular la producción agroindustrial, incluida la de los pequeños agricultores. “Lo que necesitamos es aumentar la producción de todo lo que producimos. Garantizar que los pequeños y medianos agricultores, que son responsables de la producción de casi el 100% de los alimentos, puedan producir más. Para ello, necesitamos proporcionar más financiación y más modernización a la producción de estas personas”, dijo Lula. El presidente brasileño también prometió cautela en el manejo de este asunto. “No tomaré medidas que sean bravatas. No crearé una cuota, no enviaré un helicóptero para ir a la granja y acorralar al ganado, como se ha hecho en el pasado. No crearé nada que provoque un mercado paralelo”, dijo. Lula añadió que el aumento del precio de los alimentos es “siempre muy negativo” porque afecta a los más pobres.
El gobierno también estaba estudiando otras medidas, como una nueva regulación de los cupones de alimentos, que serían gestionados directamente por el Banco Central. El presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), Edegar Pretto, del Partido de los Trabajadores (PT), declaró al sitio de noticias Brasil de Fato que el gobierno estudiaba también la posibilidad de una especie de programa de “Farmacia Popular de Alimentos”. Como ya ocurre con los medicamentos, la idea es vender alimentos baratos, especialmente en los suburbios de los centros urbanos.
“Queremos garantizar la creación de una red de pequeños minoristas en los suburbios, que haya productos más baratos. Al menos los esenciales”, dijo Pretto. La propuesta, sin embargo, fue descartada por el Ministro de la Casa Civil, Rui Costa.
Mientras tanto, los consumidores empiezan a cuestionarse los efectos de esta crisis de precios también en la calidad de los productos alimenticios que se venden. Los aceites de orujo de oliva turcos han empezado a aparecer en las estanterías de los supermercados para sustituir al aceite de oliva virgen extra europeo, que se ha encarecido mucho, y en las cadenas especializadas en la venta de carne y pescado se vende ahora pescado de origen chino. Precisamente en los últimos días, un reportaje de la web de investigación venezolana Armando.info ha alertado del problema de seguridad alimentaria que une en este caso a Venezuela y Brasil. Según Armando.Info, Venezuela sigue vendiendo un compuesto de suero de leche con almidones espesantes producido por una empresa brasileña con sede en Rio Grande do Sul. El pasado mes de diciembre, el Ministerio Público de este estado procesó a 15 personas de esta empresa acusadas de utilizar sosa cáustica y agua oxigenada para producir el compuesto lechoso al que también se añadía comida caducada para perros para aumentar el volumen final. Si en Brasil se detuvo la venta del producto, en Venezuela continúa. Otro escándalo de fraude alimentario estalló en enero, cuando la policía federal se incautó de parte de un cargamento de 800 toneladas de carne de vacuno que se había podrido durante las inundaciones de Rio Grande do Sul en mayo pasado y se revendía en todo Brasil como carne noble uruguaya.
Hasta ahora, el aumento de precios también se ha visto afectado por el fuerte fortalecimiento del dólar frente al real, que llegó a 6,31 al 17 de diciembre pasado, si bien ayer cerró a 5,84. Eso también porque el banco central de Brasil intenta contenerlo, siguiendo vendiendo reservas sin descanso. En enero vendió 4.000 millones de dólares, que se sumaron a los 25.800 millones de dólares de las reservas ya quemadas en diciembre. Pero las subastas por sí solas no bastan para cambiar el complejo escenario económico del país. El miércoles, el Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tuvo que subir de nuevo la tasa Selic, en un punto porcentual, del 12,25% al 13,25% anual. En el comunicado que acompañó su decisión, el Banco Central también afirmó que las perspectivas económicas son “inciertas”, que está alerta a los riesgos económicos y que está “listo para ajustar” su postura sobre la gestión de los tipos de interés. Los analistas esperan que el escenario empeore en los próximos meses, con la tasa Selic alcanzando el 15% anual en junio de 2025, el nivel más alto desde 2006. “La cuestión del precio de los alimentos afecta a los votantes más tradicionales del Partido de los Trabajadores (PT), es decir, a los más pobres. Sin embargo, el Gobierno no ve que gran parte de esta cuestión del aumento de los precios se deriva de la subida del dólar y de la falta de credibilidad de la política económica, y sin embargo no consigue frenar el aumento del gasto”. dijo a CNN Brasil el analista político Cristiano Noronha.
En cuanto a los recortes del gasto público, el propio Lula negó en su discurso del jueves la posibilidad de nuevas medidas fiscales. “Si depende de mí, no habrá ninguna”, dijo. Según Lula, el presupuesto de este año tendrá “restricciones en los gastos, pero no en las inversiones”, palabras que hacen eco a las del gobierno de Dilma Rousseff, cuando la distinción entre gastos e inversiones llevó a la entonces presidenta a ser acusada de prevaricación fiscal y a su posterior impeachment, también por la grave recesión causada por sus políticas económicas. En cuanto al presupuesto para 2025, aún debe ser votado por el Congreso Nacional, que justamente ayer ha elegido los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Otros datos también empiezan a pesar en este escenario. El déficit de las empresas estatales en 2024, anunciado ayer por el Banco Central, fue de 8,1 billones de reales (1,39 billones de dólares), el peor de la historia del país. Sin embargo, este resultado es diferente del declarado por el Gobierno federal, que calculó el déficit de las empresas estatales en 4,04 billones de reales (692 millones de dólares). En cuanto al déficit del sector público, es de 47.600 millones de reales (8.149 millones de dólares), mientras que la deuda ha alcanzado el 76,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Son cifras que, inevitablemente, seguirán repercutiendo en la vida cotidiana de los brasileños y en sus carritos de la compra.
