Enfrentamientos entre manifestantes y policías y saqueos de negocios continuaron este lunes por cuarto día consecutivo en Sudáfrica tras la entrada en prisión el jueves del expresidente Jacob Zuma por desacato, y el Ejército ordenó un despliegue en dos provincias afectadas.

La violencia desencadenada en Sudáfrica tras la encarcelación de Zuma continuaba centrada sobre todo en la provincia costera de Kwazulu-Natal, en el este del país, y en Johannesburgo, provincia de Gauteng, en el centro del país.

Las manifestaciones se convirtieron en actos de delincuencia y de desesperación ante la complicada situación económica del país y las restricciones que trajo la tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Estos altercados se producen al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional, que ordenó el arresto de Zuma por su negativa a declarar ante una comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante su mandato (2009-2018), revisa su decisión de detener al exmandatario.

Zuma, de 79 años y destituido en 2018 debido a escándalos de corrupción, pidió al Tribunal Constitucional que lo deje salir de la moderna prisión de Estcourt en zona zulú, cerca de las montañas Drakensberg, y que se anule la condena de 15 meses que le fue impuesta por desacato, alegando que se impuso en su ausencia.

El otrora apodado “presidente de teflón”, por su habilidad para eludir la Justicia, pasó su primera noche en la cárcel el jueves pasado después de entregarse a las autoridades media hora antes de que venciera el plazo de tres días que el tribunal le exigió para entrar en prisión.

Las protestas organizadas por partidarios de Zuma para exigir su liberación inmediata empezaron el fin de semana en KwaZulu-Natal, donde el expresidente fue encarcelado, y se extendieron a la capital económica, Johannesburgo.

Los últimos días se saldaron con al menos un muerto y 60 detenidos.

El Ejército anunció su despliegue en las provincias de Johannesburgo y KwaZulu-Natal para ayudar a la policía a controlar los actos de violencia que estallaron allí ayer.

Los medios locales difundían en directo imágenes con rutas bloqueadas, incendios de autos y centros comerciales saqueados en Kwazulu-Natal.

También se podía ver una inmensa nube negra de humo en el techo del centro comercial de Brookside en la capital de Kwazulu-Natal, Pietermaritzburgo, mientras los asaltantes salían del edificio en llamas con carritos llenos de mercancías.

Desplegaron fuerzas militares

Este lunes se vio a soldados patrullando las calles de Pietermaritzburgo, aunque el Ejército afirmó en su comunicado que “el despliegue comenzará cuando todos los procedimientos” preparativos estén instalados, informó la agencia de noticias AFP.

En ese mismo estado también se incendiaron, además, camiones a lo largo de una ruta nacional cerca de la ciudad de Durban, uno de los mayores puertos del África austral.

También hubo incendios de decenas de coches en Johannesburgo, capital de Gauteng.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, criticó que las recientes protestas están fundamentadas “en la movilización étnica” y denunció la destrucción de propiedades e infraestructuras en el marco de las movilizaciones.

El Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.

Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) -partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa- se hizo con el poder en 1994.

El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.

La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana Thuli Madonsela, titulado ‘La captura del Estado’.