El ex ministro de Seguridad de Santa Fe está acusado de violar la ley de inteligencia contra empresarios, políticos, gremialistas y sus entornos. Es la causa conocida como «espionaje ilegal»
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain recibió esta mañana un pedido de once años de prisión por haber organizado, desde dos reparticiones públicas en la provincia de Santa Fe, un sistema dedicado a receptar indebidamente información de una diversidad de personas, a espaldas del conocimiento judicial. El fiscal provincial Ezequiel Hernández también requirió que se le imponga la prohibición de ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena solicitada.
La acusación implica que existió, en el criterio del fiscal, una asociación ilícita para obtener indebidamente información de personas. Entre los perfilados hay funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial. También empresarios, sindicalistas, militantes sociales, abogados y otros profesionales. Asimismo algunos periodistas, el entorno familiar de muchas de estas personas y una gran cantidad de personas jurídicas. Son 600 personas físicas e instituciones perfiladas sin conocimiento judicial.
La solicitud de penas incluye al ex secretario de Seguridad de Santa Fe Germán Montenegro, a quien le requirió 7 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. A la ex secretaria de Control Institucional del Ministerio de Seguridad Nadia Shujman, con pedido de 9 años de prisión. Y a Débora Cotichini, ex jefa del Departamento de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, con idéntico pedido de pena, ambas como organizadoras.
La historia
Este caso se inició a mediados de 2021 cuando Sain aún estaba en funciones como ministro del gobierno de Omar Perotti y se conoció como de «espionaje ilegal». Poco después de que Sain dejara ese cargo los fiscales Hernández y Mariela Jimenez impulsaron un allanamiento en la sede de Gobernación de Rosario donde secuestraron documentación, el 26 de noviembre de 2021. Ya existían para entonces, según la fiscalía, evidencia de que se perfilaban personas sin conocimiento de fiscales ni habilitación judicial, como exige la ley de inteligencia.
Hasta ahora Sain, en declaraciones públicas y también a través de su defensa, rechazó en forma tajante haber cometido delitos. En junio de 2023 su abogado Hernán Martínez elevó un planteo a la Justicia de Santa Fe para que su representado fuera desvinculado en la investigación, en una presentación de «excepción de falta de acción por inexistencia de delito». Adujo haber sido denunciado por un funcionario del organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, enfrentado políticamente con él. Y enfatizaba que los querellantes en esta causa en su contra eran personas que estuvieron implicadas en investigaciones penales.
Los cargos
El fiscal Hernández habla de una asociación ilícita comandada por Sain, en carácter de jefe, que incurrió en violación de la Ley Nacional de Inteligencia. Al politólogo y primer director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le atribuye abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes, instigación a destruir documentos públicos, violación de secreto, encubrimiento calificado por ser funcionario público y malversación de caudales públicos.
También acusa el fiscal a otras tres personas. Pablo Alvarez, que era subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, a quien pidió 5 años de prisión por violación de la ley nacional de Inteligencia. A Diego Rodríguez, ex subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad, por mismos ilícitos, cinco años de prisión. Y a Milagros Bernard, una empleada contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio.
Según plantea el fiscal en la acusación, «la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años», desde el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras. Y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas. Una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones.
De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, «el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados».
El escrito que presentó el fiscal consigna que las personas acusadas se les atribuye haber hecho «informes de inteligencia» en los que incluyeron desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales. De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas perfiladas y utilizaron bases de datos públicas y privadas tanto abiertas como de acceso restringido. También legajos y expedientes penales e información obtenida en «tareas de calle».
El fiscal Hernández también acusa a Sain por órdenes dadas a la policía, con la manifiesta omisión de control, para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, «en reiteradas oportunidades, el ex ministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad». La acusación también señala que «gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado».
Si bien en un principio Hernández había acusado a Sain por seis hechos donde se ordenaron presuntamente imponer apremios o vejaciones a personas detenidas, restringió ahora los casos a tres, por insuficiente evidencia en los hechos descartados.
Una sola de las imputadas inicialmente, Agustina Maulins, quedó fuera de la acusación, porque se consideró que su participación no era lo suficientemente relevante según las evidencias colectadas. Tampoco se acusó en este tramo delito de peculado por uso indebido aparente de gastos reservados y que sigue en investigación.
Hace dos meses el mismo fiscal había pedido pidió cinco años de prisión contra Sain por una causa en la que se investiga el direccionamiento hacia un oferente de una licitación de armas de fuego para las fuerzas de seguridad santafesina que finalmente no se llevó a cabo.
